Por Redacción El intransigente
La Cámara Federal de Casación Penal revisará en los próximos días dos aspectos clave de la situación judicial de Cristina Kirchner: su arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2, que habilitó las apelaciones tanto del fiscal Diego Luciani como del abogado defensor Carlos Beraldi.
La fiscalía reclama que la expresidenta cumpla su condena por la causa Vialidad en una cárcel común, mientras que la defensa cuestiona el uso del dispositivo de monitoreo electrónico en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ambos planteos ya están en condiciones de ser analizados por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
El debate se suma a otro pedido en estudio por Casación: una apelación presentada por la defensa contra las restricciones impuestas al régimen de visitas de la ex vicepresidenta. Para ese planteo ya hay una audiencia fijada para el próximo lunes 7 de julio, informaron fuentes judiciales a la agencia NA.
La defensa de la exvicepresidenta de la Nación insiste en que la resolución que habilitó la colocación de la tobillera electrónica contiene una interpretación errónea de la normativa vigente, en particular del artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal. Aseguran que no se cumplen los requisitos legales para aplicar ese tipo de control en su caso.
Del lado del Ministerio Público Fiscal, Luciani sostiene que no corresponde mantener el beneficio de la prisión domiciliaria y pide que la dirigente peronista sea trasladada a un establecimiento penitenciario para cumplir su condena de 6 años por administración fraudulenta.