La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina
Ayer, en el Centro Cultural Ernesto Sábato, tuvo lugar una nueva jornada de capacitación, destinada en este caso a funcionarios municipales, sobre la Ley Micaela. La Ley Micaela o «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado» (Ley 27499/2018) es una ley nacional sancionada en Argentina en 2018 y promulgada en 2019, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.
Su nombre se debe a que fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
Micaela García era una militante del Movimiento Evita que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay, (Entre Ríos) en 2017. El autor del crimen fue Sebastian Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de dos mujeres. Wagner había sido liberado en libertad condicional días antes del femicidio a pesar de que el informe criminológico había sido negativo y recomendaba no otorgarle dicha libertad. Luego de siete días de búsqueda intensa, en abril de 2017, la noticia del crimen generó una fuerte conmoción en todo el país, ya que Micaela participaba activamente del movimiento Ni una menos, además del Movimiento Evita. La repercusión social del hecho llevó a movilizaciones en todo el país.
Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años. La iniciativa había sido aprobada el día anterior, 19 de diciembre de 2018, en Diputados con 171 votos a favor y uno en contra cuando el oficialismo de ese momento tuvo que acceder a incorporar el proyecto en el orden del día de la sesión extraordinaria, aunque había sido presentado en 2017 y contaba con dictamen de comisión desde hacía meses.
La normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad quien difunde en su página web el grado de cumplimiento de cada uno de los organismos públicos.
Las capacitaciones son organizadas por las máximas autoridades de los organismos públicos y las organizaciones sindicales correspondientes. Si en esos organismos existen áreas, programas u oficinas de género, las autoridades pueden contar con su colaboración para organizar y cumplir con las capacitaciones. Los organismos públicos pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes o desarrollar un programa propio; siempre cumpliendo la normativa, recomendaciones y otras disposiciones de los organismos que controlan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre género y violencia contra las mujeres firmadas por Argentina. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad certifica la calidad de las capacitaciones elaboradas.
Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda. Asimismo, los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485 de Protección integral; para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
