La comisión de Legislación General del Senado bonaerense este jueves comenzó con el tratamiento del proyecto enviado por el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que busca facilitar los mecanismos de reclamo de la cuota alimentaria para garantizar el cumplimiento del derecho alimentario de las infancias.
A principio de la reunión sucedida en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense, el titular del cuerpo parlamentario, el peronista Gustavo Soos, planteó que la intención de la comisión es que las integrantes del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que acudieron al encuentro expongan sobre los argumentos del proyecto. De esta manera, los legisladores quedaron en dejar la iniciativa en estudio de los asesores y retomar el debate durante el próximo cónclave.
La iniciativa de Kicillof, que es uno de los dos primeros proyectos que ingresó en la Legislatura bonaerense este año, parte de la base del informe realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual a cargo de Estela Díaz, titulado “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”.
Entre los desalentadores datos que brinda el relevamiento, se destaca que el 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe en forma esporádica. Tan solo el 7,9% de las encuestadas señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
“Este proyecto surge de las tantas mujeres que se contactaron con el Ministerio para denunciar el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. A partir de allí se realizó un informe en profundidad sobre el tema que llevó más de un año de trabajo y cuyos resultados fueron validados por UNICEF. Es una preocupación que debe ser transversal”, señaló durante la reunión la exdiputada bonaerense de La Cámpora y actual subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos.
En este sentido, el proyecto sobre el fácil acceso a la cuota alimentaria propone modificar al Código Procesal Civil y Comercial para, entre otros puntos, incorporar medios de comunicación de mensajería instantánea como WhatsApp o e-mail para efectuar las notificaciones, herramientas que fueron adoptadas durante la pandemia y luego dejaron de ser aceptadas por los juzgados.
Otra de las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial, radica en que actualmente la ley indica que debe ser la mujer quien tiene que denunciar el caudal económico del progenitor. Este texto parlamentario invierte el orden de la determinación de la obligación alimentaria; al tiempo que obliga al Poder Judicial a determinar los alimentos provisorios y define que la madre no debe cargar con los costos de la actualización de la cuota.
De esta forma, el articulado busca reconocer la desigualdad entre las partes del proceso de alimentos derivado de la responsabilidad parental, incorporar al proceso herramientas eficaces para la obtención de una respuesta rápida, ágil y flexible, reducir la litigiosidad en favor de una resolución rápida y pacífica de los conflictos y fortalecer la autonomía en el proceso de toma de decisiones de las mujeres madres, como usuarias del servicio de la Justicia.
Asimismo, durante el encuentro de la comisión de Legislación General tomó la palabra la senadora massista Sofía Vanelli, quien recordó que tiene presentado un proyecto que propone utilizar el Índice Crianza del INDEC como forma de determinar la cuota alimentaria, un valor de referencia creado durante la gestión económica de Sergio Massa, y armonizar las normativas provinciales con las nacionales.
Según apuntó la camporista Portos, la intención del Ejecutivo bonaerense es unificar el texto de Kicillof con el de Vanelli para que sean tratados como un solo documento por la comisión de Legislación General y los cuerpos parlamentarios restantes, necesarios para llegar al recinto del Senado. “Estamos a disposición para dar una mano en el dictamen de unificación”, indicó la funcionaria del Ministerio de la Mujer.
Vale mencionar que, este proyecto de Kicillof ingresó en tándem en la Legislatura bonaerense con otra iniciativa que cuenta con la autoría del Gobernador, el cual incorpora cambios a la Ley 13.074, que regula al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. El mismo, recibió media sanción por parte del Senado en la sesión del pasado 29 de mayo.
En ese sentido, ese proyecto del Poder Ejecutivo fue unificado con otras dos iniciativas de los senadores Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) y Daniela Reich (Libertad Pro). Entre otros aspectos, el texto consensuado contempla que los deudores alimentarios no puedan ser candidatos a cargos públicos en la provincia y en los municipios, como así también en “todos los postulantes a desempeñarse como magistrados”.
Qué dice el informe del Ministerio de las Mujeres sobre la cuota alimentaria
- El 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la cuota alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos o sólo la percibe en forma esporádica.
- En una notable menor proporción (7,9%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
- La gran mayoría de las encuestadas indicó que en los casos en que el progenitor cumple con la cuota alimentaria a través de dinero, el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular.
- Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado, y/o incrementar la cantidad de horas de trabajo o endeudarse.
- El 44% de las encuestadas depende de dinero prestado, ya sea de familiares, bancos o financieras, para completar sus ingresos mensuales.
- El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria es una forma de ejercer la violencia por razones de género, de tipo económica, que produce pérdida de autonomía de las mujeres.
