El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó la inquietud del Gobierno Nacional respecto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia, advirtiendo sobre la necesidad de avanzar en la designación de nuevos jueces. “Hay una preocupación con que esté integrada”, afirmó en declaraciones recientes, subrayando la importancia de cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo.
Francos señaló que el oficialismo ha presentado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para su nombramiento como jueces de la Corte, aunque el proceso enfrenta trabas en el Congreso. “Si la oposición no da los votos necesarios, analizaremos la posibilidad de nombrarlos por decreto”, aseguró, dejando abierta una alternativa que promete generar polémica en el ámbito político y judicial.
El funcionario detalló que, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre el uso de un decreto, la situación requiere medidas urgentes. “Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado y estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo”, advirtió, evidenciando la dificultad de avanzar en el marco de un Congreso en el que el oficialismo se encuentra en minoría.
Actualmente, el oficialismo impulsa la tramitación de ambos pliegos. García Mansilla cuenta con apenas seis firmas en su dictamen, mientras que Ariel Lijo, con nueve firmas, estaría más cerca de ser votado en el Senado. Sin embargo, para concretar su nombramiento, se requieren los dos tercios necesarios, un umbral que todavía no está garantizado.
Francos también destacó la complejidad de avanzar en el contexto político actual. “Ser minoría en el Congreso, como nos pasa a nosotros, hace que todo cueste mucho más”, señaló, y añadió: “Ojalá pudiera funcionar. Me imagino los debates sobre estos pliegos y las negociaciones que se llevan adelante. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”.
El eventual nombramiento de jueces por decreto sería un movimiento controversial que podría tensar aún más las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición, además de abrir debates legales sobre la legitimidad de esta decisión. Mientras tanto, el futuro de la Corte Suprema sigue en el centro de la agenda política nacional.
