El Ministerio de Justicia de la Nación adelantó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. A través de una resolución publicada este martes, fijó como nueva fecha de puesta en marcha del sistema acusatorio el 21 de septiembre de 2026.
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La medida, que iba a implementarse en principio el 30 de noviembre, forma parte del proceso de implementación progresiva del nuevo modelo procesal penal en todo el país, que otorga un rol central a los fiscales en la investigación de los delitos y busca agilizar los procesos judiciales mediante la oralidad y la realización de audiencias públicas.
Según fundamentó la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques, la decisión se adoptó tras verificar avances en materia de infraestructura, equipamiento tecnológico, capacitación de operadores judiciales y coordinación entre los distintos organismos que intervienen en el sistema de justicia federal.
La jurisdicción de La Plata abarca 45 partidos bonaerenses, incluyendo sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires, además de puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud. Se trata de uno de los distritos de mayor complejidad dentro del esquema de implementación nacional.
El sistema acusatorio
Actualmente, el sistema acusatorio ya funciona en nueve distritos federales que abarcan provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, además de las jurisdicciones bonaerenses de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás.
Con la incorporación de La Plata, el Gobierno avanzará en la implementación de una reforma considerada estratégica para la justicia penal federal. No obstante, aún restará su puesta en marcha en otros distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, San Martín y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la implementación integral del Código Procesal Penal Federal constituye una política de Estado que requiere la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública, además de inversiones sostenidas en infraestructura, tecnología y recursos humanos para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema en todo el territorio nacional.
