Diputados retoma el debate por la Emergencia en Discapacidad con la presencia de Alejandro Vilches y un proyecto opositor para extenderla.
La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 horas a debatir el proyecto opositor que busca prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, con vencimiento el próximo 31 de diciembre, con la presencia del secretario nacional del área, Alejandro Vilches, quien responderá preguntas por primera vez desde que asumió el cargo.
El funcionario de Javier Milei llegará al Congreso acompañado por el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano. Vale recordar que Vilches asumió como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios que alcanzó a figuras de la primera línea del Ejecutivo.
En tanto, el nuevo debate tiene como antecedente la Ley N°27.793, que el Legislativo aprobó en julio de 2025 para declarar la emergencia hasta fines de 2026, con la posibilidad de extenderla durante un año más. Si bien el Presidente vetó en su momento aquella norma por su impacto fiscal en las arcas nacionales, la oposición finalmente reunió los dos tercios en ambas Cámaras y logró insistir con la sanción original.
Tras aquella primera derrota, el Gobierno libertario suspendió por decreto la ejecución de la ley hasta que el Parlamento estableciera las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes, pero la Justicia terminó por ordenar su aplicación inmediata. La normativa creó una nueva pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo para las personas con discapacidad, contempló alivios fiscales para los prestadores y estableció una actualización mensual de los aranceles del sistema de prestaciones básicas.
Ahora, un grupo de bloques opositores impulsa una nueva ley para hacer efectiva la prórroga prevista en el texto original y extender por otro año las herramientas presupuestarias vinculadas con la emergencia. “La Ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle”, argumentaron los autores, que responsabilizaron a la administración libertaria por las demoras que provocaron el veto, las trabas administrativas y la disputa judicial.
Diputados: la oposición busca extender por un año la Emergencia en Discapacidad que vence a fines de 2026.
Por último, la discusión también quedó atravesada por la convocatoria opositora a una sesión especial para el próximo 9 de septiembre, donde los bloques no oficialistas en unidad buscarán emplazar a las comisiones para fijar una fecha de dictamen. Luego de los últimos comicios legislativos, La Libertad Avanza (LLA) cuenta actualmente con más de un tercio de la Cámara, por lo que la oposición tendría mayores dificultades que en 2025 para revertir un eventual nuevo veto presidencial, aunque sus referentes apuestan a elevar el costo político de otro rechazo a la emergencia.
Diputados: el oficialismo abre el debate por el endeudamiento familiar ante la presión opositora
En medio de la presión del amplio frente opositor por la sesión especial, el oficialismo habilitará este miércoles en Diputados el debate sobre el aumento del endeudamiento de las familias. La comisión de Finanzas, encabezada por el libertario Santiago Pauli, analizará desde las 13.30 horas, 34 de los 50 proyectos presentados sobre la problemática junto a economistas y especialistas en la materia.
Por su parte, los bloques disidentes cuestionaron la convocatoria y denunciaron que desde las filas de LLA buscan dilatar una definición para evitar el emplazamiento de las comisiones durante la próxima sesión. “Es una farsa para intentar voltear la sesión del 9, no es un avance concreto sino una maniobra para no poder tratar el tema”, afirmó el diputado de Unión por la Patria, Itaí Hagman.
Entre las iniciativas aparecen propuestas para declarar una emergencia financiera por un año, limitar las tasas que cobran las entidades por el financiamiento al consumo y establecer períodos de gracia de 60 días antes del pago de determinadas obligaciones. Otros proyectos incorporan instancias de mediación para deudores de “buena fe” y herramientas para que los usuarios puedan fijar límites de gasto inferiores a los autorizados por bancos y emisoras de tarjetas.
