El escándalo de la conspiración entre funcionarios judiciales, autoridades políticas, ex agentes de inteligencia y empresarios de medios de comunicación filtrado en los últimos días, revela la promiscuidad que persiste entre empresas informativas con poder dominante de mercado y los servicios de inteligencia, junto a jueces y funcionarios enrolados en el macrismo, que mantienen activos los “sótanos de la democracia”, denunciados por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. “Es hora de discutir el modelo de comunicación que requiere la Democracia”.
El episodio no solo es una evidencia impúdica del accionar encubierto de poderes que condicionan la vida social y política del país sino que también desnuda la inacción gubernamental en varios campos que permitan asegurar la independencia que debe orientar al poder judicial respecto de todos los poderes, incluyendo los económicos y comunicacionales, y deja al descubierto la necesidad de una profunda reforma en las prácticas de este poder del Estado.
Es evidente el poder organizador y rector del Grupo Clarín en el armado de estas acciones conspirativas y el tráfico de influencias con la justicia, que son de vieja data. Desde la causa Papel Prensa (cuyo control fue obtenido mediante delitos de lesa humanidad ignorados por los jueces) hasta cautelares de todo tipo y color para obtener ventajas en el control de los mercados mediante la expansión horizontal y vertical de empresas de comunicación. También es conocida la protección durante seis años de diversos juzgados para evitar la aplicación de la ley 26.522 (entre 2009 y 2013, cuando se produjo la declaración de constitucionalidad de la Corte Suprema), y con posterioridad, la paralización de la adecuación empresaria mediante una cadena de cautelares que se extendió hasta 2019, cuando el flamante gobierno de Mauricio Macri rescató al grupo mediante el Decreto 267/15
Promiscuidad
La relación de Clarín con jueces y funcionarios de los gobiernos de Macri y Rodríguez Larreta continuó por varios andariveles; para impedir la competencia de Telefónica y Claro, para omitir las obligaciones de puesta al aire de medios comunitarios primero y la negativa sistemática a incorporarlos en su grilla de cable después, y más recientemente con la abierta complicidad de la Corte Suprema de Justicia que duerme, desde hace un año y medio, la resolución de otra cautelar, concedida por jueces amigos, para no cumplir el Decreto 690/20 que declara Internet como servicio público con prestaciones reguladas.
Claramente estamos en presencia de un complot sistemático que degrada la justicia y las instituciones bajo la instigación de un grupo de poder que obtiene beneficios económicos como consecuencia de esa articulación con jueces, espías y funcionarios.
Modelo de facto
El modelo de comunicación que de facto opera en nuestro país es entonces el resultado de la demolición conceptual y jurídica de las bases federales y democráticas de la Ley 26.522, la imposición de prácticas de mercado -en abuso de posición dominante y prácticas predatorias de la competencia- mediante fallos ad hoc de la justicia, y la propia inacción de las autoridades electas en 2019 en cuanto a la recuperación de normas regulatorias a favor del pluralismo. Al menos debería garantizarse la aplicación concreta de aquellas pautas que permanecen vigentes en la normativa actual, que incluyen tanto la convocatoria a los Consejos Federales en leyes 26.522 y 27.078 como el control de los abusos de posición dominante en los mercados, mientras se convoca a un amplio debate nacional sobre el modelo de comunicación para la democracia.
A la luz de los resultados, resulta inadmisible la continuidad de ese modelo mercantil de comunicación que no solo niega derechos, sino que permite tener en su vértice a los arquitectos del lawfare y la degradación permanente de las instituciones para favorecer un sistema discrecional de gobernanza mafiosa de la Argentina.
Otro modelo de comunicación debe considerar cuál es el límite de concentración que tolera la democracia, cómo circulan los flujos locales, regionales y/o nacionales en materia de ideas y opiniones; cómo están representados los intereses que forman parte del debate político y económico, cómo se expresan los actores privados comerciales, privados sin fines de lucro y públicos en todos los niveles; cómo se distribuye el capital cultural. Cada sector tiene, desde la universalidad del derecho, una legítima aspiración a disponer de un volumen similar en su pretensión de ser escuchado.
Volver a las fuentes
Es tiempo entonces de volver a las fuentes y en este sentido resulta oportuno recuperar algunos de los reclamos y propuestas que debatió en julio de este año el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática.
-Derogar los alcances del Decreto 267/15 de Macri y reemplazarlo por un ordenamiento federal y democrático que promueva efectivamente el derecho a la comunicación. Recuperar la obligación de inclusión en la grilla de la TV paga de los canales abiertos locales. Poner en vigencia controles efectivos frente al abuso de posición dominante en los mercados audiovisuales y de acceso a Internet.
-Sostener la declaración de Internet y telefonía móvil como servicio público, garantizando tarifas asequibles. Profundizar la implementación del fondo de servicio universal para el acceso a los servicios TIC.
-Sancionar leyes para la asignación de publicidad de los organismos del Estado -tanto a nivel nacional, como provincial y municipal- con criterios de pluralismo, independencia y federalismo.
-Incluir en la definición de servicios audiovisuales a los contenidos que se comercializan a través de servicios de streaming por internet, tanto en lo referido a las exigencias de producción nacional en los catálogos de exhibición, como de equidad fiscal en el pago de gravámenes. Propender al fomento de la soberanía cultural y tecnológica mediante políticas de fomento y promoción de la producción nacional.
-Demandar el pleno reconocimiento de las organizaciones sindicales de la comunicación en todas sus instancias de representación para mejorar las condiciones en cada medio. Garantizar la dignidad y la ética profesional de los trabajadores de la comunicación denunciando toda presión o intento de censura por parte de las empresas del sector.
-Promover la diversidad y el pluralismo informativo, impulsados por medios cooperativos, comunitarios, populares, micro-pymes, universitarios, indígenas y sindicales, a través de políticas y legislaciones específicas. Promover subsidios directos o indirectos para este tipo de medios.
-Restituir el Consejo Federal de Comunicación para cumplir con sus misiones y funciones establecidas, incluyendo el calendario de eventos de interés relevante. Garantizar la participación y consulta a los actores sociales en la determinación de políticas públicas.
-Establecer medidas urgentes de salvataje a las empresas periodísticas locales, que incluyan la digitalización y el resguardo de los archivos. Restaurar los artículos de la ley 26.736 para garantizar precio igualitario en el acceso de papel para periodistas.
-Reglamentar e implementar la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación aprobada en 2021, que entre sus disposiciones establece el cupo laboral travesti trans en los medios públicos.
-Generar políticas para el fortalecimiento de los medios públicos para defender la soberanía informativa y el federalismo comunicacional.
(*) Luis Lazzaro, MG, Docente de Derecho de la Comunicación, Periodista. Referente de la «Coalición por una Comunicación Democrática». (InfoGEI)Jd
