SAN NICOLÁS: DEMANDA AMBIENTAL

Suspenden parte del Código Urbano Ambiental y multarán al intendente si desacata el fallo

(Por InfoGEI).-La medida judicial suspende cinco puntos  de la ordenanza 9.949/19, aprobada por el Concejo Deliberante y aplicada sobre el emprendimiento llevado a cabo por el Intendente Manuel Passaglia, en el Área Natural Rafael de Aguiar de San Nicolás y dos playas costeras del Paraná.

Según da cuenta el medio digital, La Verdad, la Justicia de San Nicolás. ordenó la clausura de las obras en curso que se encontraban dentro de las áreas incluyendo los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos a las playas «Barranquitas» y «El Arenal». Además, se dispuso la retirada de maquinaria y vehículos destinados a estas actividades.

En caso de incumplimiento, el multiprocesado jefe comunal de San Nicolás, Manuel Passaglia, será sancionado con multas diarias equivalentes a dos (2) jus ($8,955 cada jus) por día en que demore hasta acatar la medida, el monto recaudado por estas multas se destinará a financiar campañas de concientización sobre el cuidado del ambiente y la naturaleza, así como a otras actividades de comunicación pública.

FOMEA denunció al municipio por las irregularidades de las obras que avanzan sobre un área protegida, para instalar un Ecoparque, que viola la participación ciudadana, modificando el uso de suelo de un área protegida.

El medio recuerda que en noviembre de 2022 se labró un acta en el «Eco Parque Rafael Aguiar» que confirmó que esa obra no contaba con los permisos requeridos por la Autoridad del Agua, ni con una evaluación previa de impacto ambiental y que mal podría tratarse de un trabajo destinado a brindar seguridad a los ciudadanos  que presentó -a pocos días de su puesta en funcionamiento- varias fallas en su operatoria y también denunció que el municipio continuó con la ejecución de las obras recreativas en el sector de islas, instalando paradores (bares) y mobiliario de playa, acciones para las que se realizó movimiento de suelos, y acrecentaron la destrucción del bosque nativo existente en el lugar.

También tuvieron que denunciar un hecho de violencia institucional padecido por una vecina abogada de la zona cuando procuraba registrar el alegado incumplimiento a través de videos y fotografía, acompañando prueba documental en apoyo de sus dichos.(InfoGEI)Ac

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