Mientras en el área Metropolitana el costo de los boletos se mantiene congelado y el Estado cubre buena parte, en ciudades del interior como Junín los subsidios se achican, las tarifas se disparan y los colectivos circulan con menos frecuencia y más roturas.
Por: Redacción Semanario de Junín
En las paradas de Sáenz Peña o en la terminal de ómnibus, los pasajeros hacen cuentas antes de subir al colectivo y evalúan el clima, el tiempo y el cansancio para analizar si caminan o no algunas cuadras. El boleto cuesta 1.200 pesos. Un salario mínimo ronda poco más de 500 mil. Los 60.000 pesos mensuales, si se trata nada más que dos viajes diarios, superan el 10% del salario. Alcanza para la cuota mensual de una moto, pero el municipio terminó emprendiendo una virtual caza de brujas contra los que usan motociclos con el fin de sacarse responsabilidades de encima, como siempre.
En Buenos Aires, en cambio, el mismo trayecto cuesta poco más del 20% de los que pagamos en Junín: 270 pesos. No es una diferencia de kilómetros, sino de prioridades políticas.
El intendente Petrecca celebra el transporte público, pero viaja sin costo en los autos oficiales. Tampoco se ha mostrado tan beligerante contra los estados provincial y nacional en el reclamo por este tipo de injusticias hacia el interior.
Desde el municipio advierten que el sistema de transporte urbano en Junín “está al borde del colapso”. Las empresas locales, entre ellas La Verde y El Libertador, ya redujeron frecuencias y evalúan reconfigurar recorridos. Los subsidios que deberían compensar la diferencia entre tarifas y costos reales llegan tarde o, directamente, no llegan.
El Fondo Compensador del Interior —creado para equilibrar el reparto de recursos nacionales— se transformó en una paradoja: cada año reparte menos dinero entre más localidades. Hoy, el AMBA concentra el 85% de los subsidios nacionales al transporte, mientras el resto del país, que mueve la economía productiva, se reparte las migajas.
Ciudades medianas del interior bonaerense, como Pergamino, Chivilcoy o Tandil, enfrentan la misma ecuación: menos subsidios, menos servicios, más descontento.
Y en el medio, la gente. Jubilados que ya no pueden pagar el pasaje diario al centro de salud, estudiantes que optan por la bicicleta, trabajadores que caminan cuadras interminables para ahorrar lo que antes era apenas un vuelto. La movilidad, que debería ser un derecho, se volvió un lujo.
Un país donde un trabajador del interior paga cinco veces más por moverse que uno del AMBA no puede hablar de igualdad ni de federalismo
PURAS EXCUSAS
El gobierno nacional justifica la asimetría con un argumento contable: en el AMBA se concentra la mayor cantidad de usuarios, por lo que los subsidios serían “más eficientes”.
Pero la eficiencia fiscal no siempre se traduce en justicia territorial. En la práctica, la política de subsidios reproduce el centralismo porteño: se garantiza la accesibilidad en la capital y se desfinancia al interior, condenándolo a una movilidad precaria y desigual.
Junín, que durante décadas fue referencia regional en materia de transporte, hoy apenas sostiene recorridos mínimos con unidades viejas y choferes que trabajan en condiciones cada vez más ajustadas. “Ya no se trata de ganar plata, sino de no fundirse”, reconocen en voz baja desde el sector empresario.
La paradoja es que los municipios deben destinar recursos propios para cubrir lo que la Nación retira. En la práctica, los contribuyentes locales terminan subsidiando con sus impuestos un servicio que debería garantizar el Estado federal.
“Si el municipio pone plata, ya no es subsidio nacional: es un salvavidas local”, explica un dirigente político que se creyó que en cuatro años el servicio de transporte público quedaría a cargo de la empresa y sin embargo pasado más de seis lo sigue pagando todo Junín.
