El Gobierno nacional puso en marcha un cambio clave en los trámites de la administración pública que beneficiará a los usuarios y forzará al Estado a trabajar en respuestas ágiles a las demandas de la sociedad. Se trata del «Silencio Administrativo Positivo» que se aplicará para ciertos procedimientos establecidos en el Decreto 971/2024.
El Silencio Administrativo Positivo consiste en que en caso de que la administración pública no emita una respuesta en el plazo estipulado al usuario, la falta de resolución se interpretará como una aprobación automática del trámite. Así, se agilizará la resolución de los pedidos de parte de la gente y será un método para digitalizar los trámites.
La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, modificada por la Ley de Bases N° 27.742, establece que la inacción de la administración será interpretada como una aprobación de ciertos trámites. Así, el ciudadano podrá continuar con su solicitud sin necesidad de una respuesta explícita por parte de las autoridades. Sin embargo, no es algo que aplique para todos los trámites que una persona pueda realizar.
Por ejemplo, los trámites relacionados con salud pública, medio ambiente, servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público, quedan excluidos y en caso de no haber una respuesta en un plazo definido, no se considerará como aprobada la solicitud en cuestión. Además, detallan una serie de pasos que se deben cumplir para que rija el Silencio Administrativo Positivo.
El cronograma de implementación estableció que desde el pasado 1 de noviembre de 2024, el sistema de silencio positivo rige en las reparticiones de la Administración Pública Central, y a partir del 1 de diciembre de 2024 en los organismos descentralizados.
Solo en trámites digitales
Para implementar el silencio positivo de manera eficaz, el Gobierno exige que todos los trámites administrativos, incluidos aquellos de autorización reglada, se gestionen a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o de otros sistemas digitales propios de cada entidad. Este paso responde a un esfuerzo por automatizar y optimizar la gestión pública, asegurando que los ciudadanos puedan realizar sus solicitudes en línea, sin la necesidad de acudir a una dependencia física.
Bajo esta premisa, el Gobierno nacional no solo busca colaborar con la sociedad a que sus trámites puedan prosperar, sino también que fuerza a los trabajadores del Estado a dar una respuesta casi inmediata para que no todo sea aprobado o quede archivado, algo que suele suceder con cuestiones administrativas en áreas de mayor demanda.
