Cancillería recordó este martes los 190 años de «la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas» por Gran Bretaña, que desalojó con tropas militares «a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos del Reino Unido que instauraron desde entonces medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino».
Este acto de fuerza se perpetró el 3 de enero de 1833, y fue «contrario al derecho internacional, inmediatamente rechazado y protestado por las autoridades argentinas de aquel momento», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de un comunicado.
«Desde entonces, todos los gobiernos argentinos han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», sostiene el texto difundido por el Palacio San Martín.
Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el «Nuevo Mundo» poco después del descubrimiento de 1492.
Entre 1767 y 1811 hubo una sucesión continua de 32 gobernadores españoles en las islas hasta que, en el marco del proceso de independencia, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con el ejercicio de soberanía y la administración de las Islas Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados, según el principio del «uti possidetis iuris» de 1810.
El 6 de noviembre de 1820, el coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión oficial de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina por primera vez.
Asimismo, el gobierno argentino procedió al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población.
El 3 de enero de 1833, el ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza ilegal británico, y desde entonces, subsiste una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX).
La Cancillería recordó que «la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en más de 40 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur- África (ASA) y la Cumbre Países Árabes – Sudamérica (ASPA)».
«La negativa británica a cumplir con la obligación de resolver la controversia por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente», sostuvieron en Cancillería.
«El Reino Unido mantiene en las islas una injustificada y desproporcionada presencia militar con la que regularmente realiza maniobras y ejercicios toda vez que la Argentina no representa ninguna una amenaza para el Reino Unido. En este año se cumplen 40 años desde la recuperación de la democracia en Argentina, período en el cual todos los gobiernos han reivindicado la solución pacífica de las controversias», añadieron.
«Como parte de la militarización británica en el Atlántico Sur, recientemente el Reino Unido ha buscado introducir fuerzas de seguridad de terceros actores en las islas, lo que la Argentina ha protestado enérgicamente ya que constituye un apartamiento deliberado de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales», apuntaron.
