La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 héctareas.
La gestión de Javier Milei intenta derogar de forma directa la Ley de Tierras mediante el artículo 154 de su mega-DNU 70/2023, que tuvo un freno judicial en enero 2024. La Justicia, tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), dicta una medida cautelar que frena provisoriamente la derogación vía DNU, forzando al Gobierno a trasladar la batalla al Congreso.
La Batalla en el recinto de este jueves, donde el oficialismo intentó sin éxito dar el golpe definitivo por vía legislativa en el Senado, busca liberar por completo el mercado de tierras.
Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias
En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.
El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.
La Libertad Avanza consiguó quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.
En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, y de Independencia, y Provincias Unidas.
Límite a la compra de tierras
Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
El cambio legislativo
Para comprender la magnitud de la sesión de este jueves, es necesario repasar cómo la legislación argentina fue cediendo o blindando su territorio a lo largo de las últimas décadas. A través del blindaje originario en 1944, cuando se sanciona el Decreto 15.385, que declara de “conveniencia nacional” que las tierras de seguridad fronteriza pertenezcan exclusivamente a ciudadanos argentinos nativos.
En tanto, bajo la presidencia de Carlos Menem, en 1996 crea la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que absorbe las funciones de la Superintendencia de Fronteras. Se autoriza velozmente la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de frontera, facilitando compras emblemáticas e irregulares como la de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro y las estancias de Benetton en Cushamen, Chubut.
En el 2011 tras el boom de los “commodities” de los 2000, que abarató el suelo local para el capital extranjero, se sanciona la Ley N° 26.737. Esta norma fija el techo del 15 por ciento de extranjerización y prohíbe que un solo titular concentre más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
La Flexibilización de Macri en 2016, a través del Decreto 820/2016, relaja los controles de composición societaria. Esto genera una “baja matemática ficticia” de la extranjerización en los registros, ocultando a los verdaderos dueños bajo sociedades pantalla.
Ahora, la gestión de Javier Milei intenta derogar de forma directa la Ley de Tierras mediante el artículo 154 de su mega-DNU 70/2023, que tuvo un freno judicial en enero 2024. La Justicia, tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), dicta una medida cautelar que frena provisoriamente la derogación vía DNU, forzando al Gobierno a trasladar la batalla al Congreso.
El retroceso soberano en las fronteras
La discusión que albergarán los senadores excede largamente lo administrativo y plantea una paradoja cuando se mira al resto del mundo. Mientras el discurso oficialista promueve una apertura total bajo banderas de modernización, los países centrales operan bajo recetas diametralmente opuestas.
Al ser consultado sobre las políticas de tierras de potencias como Estados Unidos o Inglaterra, el historiador Matías Oberlin advirtió al portal Infocielo que allí el control es severo, “son mucho más restrictivas las legislaciones con respecto a la extranjerización de tierras en estos países, particularmente sobre todo en tierras de frontera”.
Es justamente este blindaje el que corre serio riesgo en el Congreso. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada va al hueso de la seguridad geopolítica, “se liberaliza también la extranjerización de tierras en zona de frontera”, concluye el investigador del CONICET.
En un contexto global signado por el cambio climático, la transición energética y las disputas por el control del agua y los minerales críticos, desarmar este marco legal dejará desprotegidas las nacientes de los ríos patagónicos, los yacimientos de litio y las áreas limítrofes más sensibles del país. El Senado definirá, en pocas horas, quién se queda con las llaves de acceso al territorio nacional.
