La reforma laboral incluida en la ley ómnibus, pretendida por el Gobierno nacional de Javier Milei y pactada con el radicalismo, será debatida a partir del próximo lunes en la Cámara de Diputados e incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores, al mismo tiempo que promueve la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Es que, el plan del oficialismo es tratar la ley ómnibus, el paquete fiscal y la reforma laboral en una misma sesión el próximo 29 de abril. En pos de ese objetivo, el oficialismo se reunió el miércoles con los bloques dialoguistas y aceptaron modificar el texto referido a la reforma laboral, en unas negociaciones que también profundizaron las diferencias entre los radicales y los legisladores referenciados en Mauricio Macri.
Si bien el nuevo borrador de la ley ómnibus aún contiene la propuesta de reforma laboral del Gobierno, quedó en 17 de los 58 artículos iniciales. Los libertarios quitaron la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”.
Asimismo, en el texto que obtuvo este jueves dictamen de mayoría con 61 firmas se modificó el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU de Milei decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y, el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión.
De esta manera, tras la reunión en comisiones, el Título V denominado “Modernización laboral“, incluido en la nueva ley ómnibus, se transformó en una reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos, conteniendo distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013.
Los puntos clave de la reforma laboral que impulsa Milei
Indemnizaciones por despido: en el último borrador que devolvió el oficialismo al resto de los bloques, se mantiene el cálculo de un mes de sueldo por cada año trabajado pero se excluye de ese cálculo al medio aguinaldo “ni conceptos de pago semestral o anual” como bonos por desempeño. Para el caso de trabajadores remunerados a comisión o con ingresos variables, se aplicará el promedio de los últimos 6 o 12 meses, el que resulte más favorable al trabajador.
Fondo de Cese laboral: a diferencia del DNU, el proyecto abre la posibilidad a que se reemplace el sistema de indemnizaciones por un fondo de cese si se acuerda en las reuniones paritarias. El mismo se compondrá de un máximo del 8% de la remuneración mensual computable.
Período de prueba: de la letra inicial del DNU 70/2023, que establecía 8 meses de período de prueba (hoy son 3), ahora el oficialismo propone que sea de 6 meses, duplicando el nivel actual. Sin embargo, establece que para empresas de hasta 100 empleados se extienda hasta 8 meses y de hasta 5 empleados sea de hasta un año.
Licencias por maternidad: Al igual que con el DNU, mantiene el período total de 90 días, pero con la posibilidad de dar comienzo hasta 10 días antes del parto. Hoy, una persona gestante no puede tomarse la licencia después de los 45 días anteriores al parto.
Trabajadores “colaboradores”: se crea esta figura de trabajadores con hasta 5 colaboradores “independientes” para realizar emprendimientos productivos, sin mantener relación de dependencia pero con aportes a la seguridad social.
Responsabilidad solidaria: La norma reforma la ley de Contrato de Trabajo para limitar la responsabilidad solidaria “exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación” de los servicios por parte de la empresa contratante del trabajador.
Penas de cárcel por “bloqueo”: el Gobierno de Milei quiere que se considere los “bloqueos” a fábricas y establecimientos laborales como motivo de justa causa por despido. Pero no solo ello, sino que también promueve que dichas protestas laborales sean penadas con una condena de 6 meses a 3 años de cárcel.
Fin de multas por trabajo no registrado: el sistema que impulsa el Gobierno elimina multas a empleadores por tener trabajadores no registrados.
