El Gobierno Nacional fue manteniendo aspectos centrales de la ley ómnibus siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro del Interior, Guillermo Francos (los interlocutores por el Poder Ejecutivo), según se comenta en la Casa Rosada.
En este sentido, Milei sigue insistiendo en que confía poco en la posibilidad de un acuerdo. Ayer, en la antesala del encuentro del Ejecutivo con los gobernadores, formuló declaraciones señalando que se había equivocado al considerar que los mandatarios provinciales iban a negociar de buena fe.
De acuerdo con la interpretación de la administración central, los gobiernos provinciales cometieron «un error» al creer que tenían suficiente fuerza como para torcer la decisión del Presidente de no enviarles fondos si no apoyaban las reformas que impulsa su gestión. La respuesta de Milei a los pedidos del interior fue “sentarse sobre la caja para sorpresa de muchos”, dicen en el entorno del primer mandatario.
Efectivamente, en febrero las provincias recibieron sólo $18.250 millones en concepto de transferencias discrecionales -un recorte de 88%, descontada la inflación, con relación a igual mes del año pasado-, según los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Cuando se suman las transferencias automáticas, en el acumulado al primer bimestre del año giros por coparticipación alcanzaron los $4.500.000 millones, con una caída real del 15,4% en comparación con igual período del año pasado. Esto implicaría el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años, según el IARAF
A la contracción de los giros por coparticipación deben agregarse las caídas que están sufriendo las provincias en la recaudación de ingresos propios, derivada de la fuerte contracción de la actividad económica y la caída en el poder adquisitivo. En este contexto, las gobernaciones encuentran crecientes dificultades para subir la carga tributaria.
La posición del presidente Milei es que “no está dispuesto a ceder en lo que considera los cambios fundamentales que necesita el país”, señalan en su entorno. Argumentan, además, que a los gobernadores le va a ser muy difícil oponerse a demandas que la sociedad votó en las últimas elecciones.
