La «Ley de Leyes» obtuvo dictamen este jueves, después de introducir cambios con respecto a subsidios en transporte, obras sociales y deudas. Propusieron que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y los magistrados denunciaron un «avasallamiento»
Por BAE Negocios
El oficialismo consiguió ayer el dictamen para el proyecto del Presupuesto 2023, que se discutirá a partir del martes en Cámara de Diputados. Sin embargo, en el texto se implementaron una serie de cambios, que van desde las obras sociales hasta una cláusula gatillo en el caso de una inflación de más del 60%.
Uno de los artículos, sin embargo, ya generó polémica. Se trata del número 100, que busca que todos los jueces y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. Apenas se conoció esta medida, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se declaró en “sesión permanente” y realizará una reunión extraordinaria de su consejo directivo para decidir los pasos a seguir.
Otro artículo, propuesto por el sindicalista Sergio Palazzo, pretende cobrar a prepagas y obras sociales un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud. Juntos por el Cambio advirtió que es un “golpe para la clase media”.
«Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un DIEZ POR CIENTO (10%) la meta anual establecida en la presente Ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un DIEZ POR CIENTO (10%) los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre», se lee en el artículo 138 de la «Ley de leyes», propuesto por Juntos por el Cambio.
Esto significa que el Gobierno introdujo una «cláusula gatillo» por si la inflación llega a estar por arriba del 60% y, por lo tanto, la recaudación también, para que se envíe una corrección sobre cómo será la distribución de los recursos.
Subsidios al transporte público
El ministro de Economía, Sergio Massa, llegó a un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande para aumentar las partidas destinadas a los subsidios al transporte de pasajeros en el interior. El monto pasará de 66.000 millones de pesos a 85.000 millones «como piso».
Sin embargo, esto no cayó bien en Mendoza. «Sigue siendo insuficiente. Cada $10, $9 son para el AMBA. Se puso un monto absurdo. Es un 50% de lo que se está dando este año. Hay que contemplar la inflación de 95%. Nosotros decíamos que tenían que ser $150.000.000 millones. No se puede vivir a parches constantemente», comentó diputado nacional mendocino Lisandro Nieri a MDZ.
El Presupuesto comenzará a tratarse el martes en Diputados
Deducciones de Ganancias de gastos educativos
Es una propuesta que impulsó Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz, ambos del bloque Evolución Radical (Juntos por el Cambio). Es un descuento en Ganancias de hasta el 40% de gastos educativos, incluyendo cuotas de colegios privados. Incluye, además de las cuotas de escuelas privadas, todos los gastos escolares, como por ejemplo los libros y materiales de estudio.
Prepagas y obras sociales
El Presupuesto plantea un aporte del 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud (obra social y prepagas), que será destinado al fondo de redistribución, que apunta a garantizar las prestaciones básicas en salud para los sectores de menores recursos.
Desde la oposición adviertieron que esto podría acarrear un aumento en la cuota de los afiliados. «Castigan a los que pagan por un servicio que alivia las arcas del Estado no cargando la salud pública y que ya aportan mucho sobre sus sueldos», advirtió Figueroa Casas a La Nación.
Deuda con Cammesa
Se acordó que las provincias y los municipios serán solidariamente responsables de las deudas que las empresas proveedoras de energía mantengan con la empresa mayorista de distribución. Los distritos tendrán un plazo de seis meses para regularizar dichas deudas, en tanto que la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito.
Si las provincias no cumplen con saldar lo adeudado, el Ministerio de Economía podrá retener los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, pero sin afectar los fondos que reciban producto de la coparticipación federal.
Retenciones: el reclamo que no fue
La principal razón de la coalición opositora para no acompañar el despacho fue que el bloque oficialista, que preside Germán Martínez, no atendió los reclamos para modificar o directamente eliminar el artículo 96, que deja abierta la puerta para que el Ejecutivo nacional aumente las alícuotas de los derechos de exportación.
En diálogo con BAE Negocios, el radical Ricardo Buryaile explicó que Juntos por el Cambio votará en contra del punto que habilita al Gobierno a fijar las retenciones y que es uno de los motivos por los que no firmaron la propuesta del Frente de Todos. Y puntualizó: «Más allá de ese tema, no tenemos el dictamen completo y lo queremos analizar bien». En el radicalismo creen que lograrán reunir en el recinto los 129 votos para «voltear» ese artículo. Según explicaron, en caso de lograrlo, las retenciones quedarán igual que este año.
Ganancias para jueces y la queja del Poder Judicial
El Frente de Todos añadió un artículo que propone que los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. Aunque en 2017 se aprobó una ley que estableció que los magistrados designados a partir de ese año debían pagar Ganancias, a raíz de las medidas cautelares que se presentaron en ese momento son muy pocos los jueces a los que abonan ese impuesto.
Por eso, este agregado extendería el pago del impuesto a todos los magistrados «independientemente de la fecha de su nombramiento».
Esto no cayó bien en el Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que dijeron que son “conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento” y anunciaron que están “en contacto” con “todos los espacios con un objetivo común”. Y agregaron: “El salario no es ganancia ni un privilegio”.
«No me vengan con la independencia judicial, a esta altura que no paguen es un privilegio inaceptable. La Sociedad evoluciona, antes no pagaban ganancias y ahora tienen que pagar. Creo que este es un tema que nos va a unificar en un criterio de estricta justicia», había declarado el jueves el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto al defender el artículo.
