¿Por qué piden la intervención de la fundación de Patricia Bullrich?

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió intervenir judicialmente el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido por la precandidata a primera mandataria de la Nación, Patricia Bullrich, por haber “estructurado un sistema de ingresos y egresos destinados a financiar acciones de proselitismo político en franca contradicción con el objeto social autorizado”.

Luego de investigar los movimientos dinerarios y actividades de los directivos del IEES en 2022, la IGJ determinó que se trata de una organización sin fines de lucro, que desplegó actividades “presuntamente lícitas en origen”, pero que en el fondo, sostenían una campaña política de proyección nacional: la de Patricia Bullrich.

“La IGJ resuelve encomendar de forma inmediata al departamento de asuntos judiciales la acción de intervención contra la persona jurídica denominada IEES, y requiere el desplazamiento de los integrantes de su Comisión Directiva”, indicó en un documento el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

En la misma línea, la IGJ enumeró los millonarios montos que recibió la fundación de Patricia Bullrich justificados para “seminarios, almuerzos y/o aportes”, las facturas emitidas a “consultores políticos” cercanos a la campaña, y los pagos de los “viajes” que, sospechosamente, coinciden con la agenda de su presidenta, la jefa del PRO.

Entre los ingresos sospechosos que tuvo la fundación de Patricia Bullrich, se encuentran los tres millones de pesos recibidos desde la cuenta del ex funcionario de la dictadura militar argentina, David Lacroze Ayerza, bajo el justificativo “seminarios, almuerzos y/o aportes”.

La denuncia del IGJ hacia la fundación de Patricia Bullrich, también tilda de “llamativo” el ingreso de $ 1.600.000 entre julio y octubre del 2022 de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, como “aporte/donación” y “seminario”, siendo todos los pagos de igual monto.

Además, el organismo dependiente de la cartera judicial, cuestiona el modo en que la fundación de Patricia Bullrich confecciona sus facturas, ya que no detalla fechas, lugar de realización, nombre de la actividad, o cantidad de asistentes, y solo se limita a consignar las palabras “seminario”, “almuerzo” o “capacitación”.

De esta manera, la IGJ expresó que todos los pagos, tanto emitidos como recibidos, no solo “no guardan relación con el objeto social de la entidad, sino que tampoco resultan consistentes en cuanto a volumen”, teniendo en cuenta la situación que atravesaba la fundación de Patricia Bullrich pocos años antes del 2022.

Cabe destacar que, según las indagaciones realizadas por el IGJ, en el 2019, la fundación presidida por Patricia Bullrich, tuvo un ingreso total de $ 741, mientras que el 2022, lo cerró con una cuenta bancaria que superaba los $ 90 millones.

Además, el documento alude a que el diputado Gerardo Milman renunció como vocal de la fundación de Patricia Bullrich “al mismo tiempo que dejó de participar en el equipo de campaña” de la precandidata a presidenta, lo cual “permite confirmar que IEES es una formal persona jurídica sin fines de lucro, utilizada para la campaña política nacional de la autoridad máxima de la institución”.

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