El gobierno nacional formalizó la eliminación de los giros que la Anses realizaba hasta el año pasado para completar el financiamiento del Instituto de Previsión Social, que tiene a su cargo las jubilaciones de docentes y empleados de la administración pública provincial, mientras el gobierno de Axel Kicillof evalúa el impacto de la medida.
La decisión de Milei no afecta solo a la provincia de Buenos Aires, sino a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias optaron por ese mecanismo durante el gobierno de Mauricio Macri, que de ese modo hizo caer la “armonización” que rigió durante las administraciones kirchneristas.
Desde 2023 se estableció que la actualización estaría en relación con la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. Cuando llegó Milei al gobierno directamente suprimió de hecho las transferencias a las provincias por este concepto, con lo que se dejó de cumplir con una obligación regulada por ley.
El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema. De modo que el recorte de los fondos para financiar a las cajas provinciales quedó oficializado.
En el gobierno de Kicillof le dijeron a DIB que están evaluando el impacto concreto del cambio de situación para afinar una respuesta. No descartaron en ese marco una presentación judicial, una eventualidad que, según trascendió, también barajan otras provincias.
Aunque aún no hay precisiones sobre el monto de deuda acumulado con Buenos Aires, sí se supo que cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada por Milei.
El DBU llegó además en un momento crítico desde el punto de vista político: la semana próxima está prevista una nueva reunión del presidente con los gobernadores. Parte de ellos habían puesto la cuestión del financiamiento de las bajas jubilatorias como un tema prioritario al comienzo de la gestión del Milei.
Además de a Buenos Aires, la decisión golpea a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. (DIB) AL
Darán de baja el Fondo Estabilizador del Trigo, un fideicomiso creado en 2022
El FETA, nacido para “garantizar un precio de referencia del cereal en el mercado interno” durante el principio de la guerra Rusia-Ucrania, “llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos” según el vocero presidencial Manuel Adorni.
El Gobierno se prepara para dar de baja al primer fideicomiso financiero después del feriado largo de Semana Santa. Se trata del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado en 2022 para “garantizar un precio de referencia del cereal en el mercado interno”, y que según destacó el vocero presidencial Manuel Adorni, “llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”.
“Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”, dijo Adorni.
Cuestionado desde su nacimiento
El FETA fue creado en marzo de 2022 por Alberto Fernández con el objetivo de “garantizar un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.
De acuerdo con lo que se informó en su momento, el fideicomiso debía subsidiar a los harineros mayoristas para contener el aumento en el precio del pan común tras la suba de los granos ocurrido como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, responsables del 28% de la producción mundial del cereal.
En su momento, el FETA fue cuestionado por una parte de los molineros que decidieron no formar parte de un sistema que, por las condiciones exigidas, los llevaría a vender la harina por debajo de su costo, y distorsionaría el mercado.
Los beneficiados por el Fondo en su momento eran empresas que, en su mayoría, formaban parte del programa Precios Justos. Ahora, sin este programa en acción, el fideicomiso es el primero de una decena que serán eliminados.
Los fondos fiduciarios son recursos recibidos por las provincias y que sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de un año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público. Representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. (DIB)
