Milei extendió el plazo para que las provincias adhieran al régimen de deuda y busca avanzar en acuerdos para ordenar las cuentas públicas.
El presidente Javier Milei extendió el plazo para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se adhieran al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El Ejecutivo libertario fijó un nuevo período de 60 días hábiles administrativos para que las jurisdicciones manifiesten su voluntad de participar en el esquema que apunta a ordenar las deudas cruzadas.
La conducción nacional formalizó la medida a través del Decreto 171/2026, que el Boletín Oficial publicó este miércoles. En ese marco, el texto establece que aquellos distritos provinciales que aún no se incorporaron, entre ellos la provincia de Buenos Aires, podrán inscribirse ante la Secretaría de Hacienda, que se desprende del Ministerio de Economía, dentro del nuevo plazo.
Vale precisar que el Gobierno creó el régimen en noviembre de 2024 con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas entre el Estado nacional y las provincias. El esquema habilita mecanismos como compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento de obligaciones y remisiones para avanzar en la cancelación de deudas recíprocas.
En tanto, el sistema también contempla que los saldos a favor de alguna de las partes puedan cancelarse mediante distintas alternativas acordadas entre Nación y cada jurisdicción. Por caso, el Ejecutivo de Milei habilitó opciones como la afectación de recursos de coparticipación o la transferencia de bienes del Estado nacional, entre ellos tierras, rutas o empresas.
Asimismo, el Gobierno sostuvo en el decreto que ya firmó convenios con algunas provincias y logró avances en el saneamiento parcial de las cuentas públicas. De hecho, la administración libertaria aclaró que el proceso continúa abierto y señaló que la extensión del plazo responde a la necesidad de profundizar la compensación de deudas recíprocas con los territorios restantes.
El Ministerio de Economía impulsa el régimen de compensación de deuda con provincias como parte de la estrategia del Gobierno para ordenar las cuentas públicas y reducir conflictos fiscales.
Para participar del proceso, las autoridades nacionales fijaron como requisito que cada provincia presente documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que busca incluir en el régimen. El esquema también prevé que los informes técnicos puedan presentarse ante la autoridad de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por su parte, el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, precisó que solo ocho provincias adhirieron hasta el momento al régimen, entre ellas Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes. En contraste, distritos como la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero aún no se incorporaron.
Ante este panorama, el bajo nivel de adhesión motivó la decisión del Gobierno de ampliar el plazo para sumar nuevas jurisdicciones al esquema. A la vez, el Ejecutivo busca avanzar en acuerdos bilaterales que permitan reducir conflictos financieros y ordenar las relaciones fiscales entre Nación y las provincias, en un vínculo que mantiene tensiones desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Kicillof exige el pago de deuda, mientras Milei busca ampliar el esquema con provincias
La extensión del régimen de compensación de deudas entre Nación y las provincias se produce en un contexto de fuertes tensiones fiscales entre el gobierno de Javier Milei y distintas jurisdicciones. En particular, la provincia de Buenos Aires mantiene abiertos varios frentes de reclamo por transferencias que considera adeudadas por parte de la administración nacional.
La Corte Suprema abrió una instancia de diálogo entre Nación y la provincia de Buenos Aires por la deuda previsional, en un escenario de tensión entre Milei y los gobernadores.
Ante ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof exige más de $2,2 billones vinculados a fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería girar a la caja previsional bonaerense. La disputa forma parte de un conjunto más amplio de demandas que, según la administración provincial, ascienden a $15,6 billones en distintos conceptos.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia intervino recientemente en uno de esos conflictos y convocó a una audiencia entre representantes de ambas partes. El encuentro marcó el primer acercamiento formal entre funcionarios de Nación y de Provincia, tras meses de cruces públicos y reclamos sin respuesta directa.
Finalmente, el máximo tribunal fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, con el objetivo de que las partes involucradas informen los avances en las negociaciones. A la vez, el vínculo entre la gestión de Javier Milei y los distritos provinciales se mantiene atravesado por disputas por deuda y transferencias, mientras el Gobierno nacional busca avanzar con mecanismos alternativos para ordenar las cuentas públicas.
