A instancias del abogado Franco Fernández, se procura abrir un canal de diálogo “a los fines de arribar a un acuerdo extrajudicial”, para lo cual será presentado este jueves un petitorio a la entidad
Patrocinados por el abogado Franco Fernández, un grupo de asociados y usuarios autoconvocados del servicio eléctrico de la CLYFER, elevarán este jueves un petitorio firmado a las autoridades de la cooperativa, reclamando la suspensión del pago de las facturas de los meses 5 y 6, en virtud de los fuertes incrementos registrados, y la convocatoria a una asamblea general extraordinaria para analizar las posibles soluciones auna situación que afecta grandemente las economías domésticas en general.
Este sábado por la tarde, en la plaza San Martín, tal como lo adelantara en Radio Rojas, el Dr. Fernández condujo una nueva reunión de socios autoconvocados de la CLYFER para analizar las acciones más efectivas en pos de reclamar contra los exhorbitantes aumentos en las facturas de luz.
Allí surgió la iniciativa de elevar un petitorio a la CLYFER, que un anexo que los interesados pueden imprimir, firmar y hacer firmar por otros vecinos. Para tales fines, con plazo hasta mañana miércoles, se les solicita a los interesados comunicarse al teléfono 2475-40-4950, o contactarse a través del Facebook de Leonela Ceballos para hacer llegar el documento al abogado Fernández. La intención es presentar el petitorio y los anexos firmados este jueves ante la Cooperativa.
El contenido del petitorio es el siguiente:
“I.- Objeto: Que venimos a solicitar en forma conjunta, atendiendo intereses colectivos, y por lo fundamentos que pasaremos a exponer a la suspensión inmediata de la obligación de pago de las facturas emitidas por ud de los periodos 5 y 6 de 2023, para todos los usuarios cuya obligación de pago exceda un porcentaje mayor o igual al 75% de la obligación generada en los periodos 3 y 4. Todo, a los fines de arribar a un acuerdo extrajudicial, y hasta tanto no se brinden soluciones concretas que atiendan intereses individuales y colectivos. Que en vías de acuerdo, instamos para que en forma inmediata y urgente, a las autoridades de la mencionada cooperativa para que fije una Asamblea Extraordinaria y abierta a toda la comunidad de Rojas, con invitación a medios de comunicación y autoridades municipales. Todo a los fines de atender cuestiones planteadas en este presente petitorio y oportunamente arribar a soluciones concretas pacíficas, y mancomunadas, atendiendo así todas las necesidades.
“II. Fundamentos: Que es necesario tener en cuenta que CLYFER tiene bajo su cargo la prestación de un servicio público esencial, de orden público y monopólico con la responsabilidad social que esto supone; que el Artículo 42 del Constitución Nacional expresamente declara que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”; que el Art. 1097 CCC, exige por parte de los proveedores en este caso de un servicio esencial, el deber de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias; que atento a la excesiva onerosidad que presupone el pago de las tarifas mencionadas, es necesario poner en consideración su reajuste inmediato, por lo que consecuentemente solicitamos su retracción a los valores vigentes hasta el mes de abril de 2023; que es necesario la inmediata suspensión por tiempo indefinido de los rubros confiscatorios impositivos ajenos a la prestación principal denominados: Fondo de Obra Publica, Fondo de Compensacion, Alumbrado Público, y todo otro rubro que agrava y torna desproporcionada a las posibilidades económicas de los usuarios afectados su cumplimiento; que, como consecuencia de la suba de tarifas, estos rubros se tornan absolutamente desproporcionados y atados extorsivamente a la obligación de pago del consumo de energía eléctrica; que, como usuarios venimos a plantear posibles deficiencias en los elementos de medición y en este sentido, la ley de defensa del consumidor en su artículo 29 como a así también la ley 11.769, pretenden no sólo la transparencia en la determinación de lo facturado, sino que admite la posibilidad de controlar debidamente el consumo registrado y controvertir las formas de medición. En este sentido los artículos 35 y 15 de la mencionada ley obliga a la prestadora, este caso CLYFER, a mantener nivel de calidad y confiabilidad como así también la obligación de reemplazar elementos deficientes; que sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al cuadro tarifario aplicable hay cuestiones que deben revisarse por cada usuario, teniendo en consideración en forma directa si es beneficiaria, aun en forma provisoria de subsidio a la energía eléctrica y aplicar inmediatamente el cuadro tarifario correspondiente; que, CLYFER es el principal obligado ante sus usuarios y frente a la comunidad, sin perjuicio de la responsabilidad que les compete a otros organismos descentralizados estatales por lo que este petitorio es dirigido a ud.
“III-Petitorio. Por lo expuesto solicitamos:
- a) Se suspenda la obligación de pago generada en las facturas mencionadas instando así su readecuación.
- b) Se convoque a una asamblea extraordinaria bajo la modalidad solicitada.
- c) Se tenga por presentado en tiempo y forma este petitorio colectivo”.
Hasta aquí, el petitorio que será entregado este jueves, en principio. En tanto, en Radio Rojas, el abogado Franco Fernández explicó que “para uno tener una discusión con altura y evitar la chicana realizamos el experimento de la medición de energía. Cambiamos nuestro consumo, y lo hicimos de manera significativa, apagando la heladera durante mucho tiempo, y así otras cuestiones, porque nos habían venido 3 mil, luego 7 mil, y pasó a 30 mil pesos, como el caso de todos, y la posterior boleta fue 37 mil, o sea que el ahorro no sirvió de nada”, por lo cual, indicó, “como a nosotros nos quedan dudas respecto del servicio, queremos que la Cooperativa también tenga sus dudas en relación a los medidores digitales, que pueden tener ciertas fallas, sin querer pensar en que son manipulables. Así que pedí como abogado una certificación sobre quién homologaba estos aparatos, y que estamos esperando que nos contesten para tener esa información”.
Así, señaló, “desde ese momento es que pensamos en no quedarnos solamente con nuestro caso, porque desde lo individual todo se hace más difícil: no se trata de jorobarle la vida a nadie, pero sí encontrar una solución”, y remarcó que “una cooperativa es una asociación civil sin fines de lucro, y que tiene fines altruistas. Uno lo tiene que pensar como un espacio donde la finalidad no es ganar dinero. Considero que al igual que los gobernantes, tienen una responsabilidad ante la gente, y en este caso en especial hay toda una legislación, y esa es la parte que me compete. Entonces comencé a asesorarme, a preguntar, buscar, hablar con colegas, y muchos me dijeron que al momento de pedir ciertas cuestiones no fueron atendidos, y uno de ellos me remarcó algo esencial: que este servicio es un derecho y es un servicio público esencial, no se puede tolerar que una familia en el Siglo XXI viva sin el servicio eléctrico: sea que hay que humanizar al usuario, darle entidad verdadera. Pasa que al momento de que el usuario hace el reclamo en la ventanilla, espera ser entendido como un ser humano que tiene miles de problemas y que se le suma uno más, que a lo mejor no es el problema total la cooperativa eléctrica, pero si tiene las herramientas para gestionar ante el OCEBA, que es el organismo de control, y también recaerle a las autoridades municipales, que también tiene facultades para controlar; de hecho la ley dicen que tiene autoridad de contralor, con lo cual desde distintos puntos se puede revisar la situación”.
Y advirtió: “Lo que pasa es que si no encontramos una respuesta concreta de solución, lo que nos queda es judicializar el tema, y a nadie le va a gustar ir por este camino. De hecho siempre recomiendo a mis clientes ir por el lado de las conciliaciones”.
Por eso, señaló, “lo que buscamos a través de las reuniones que estamos generando es encontrar una solución colectiva, escuchar al vecino. Mientras tanto han salido algunas medidas a tener en cuenta, y siempre esperando que exista un canal de comunicación con la cooperativa como para al menos gestionar una suspensión por un tiempo de estas boletas superonerosas para que la gente esté tranquila, y mientras tanto buscar una solución ante el OCEBA, ante las autoridades de la provincia. Porque lo real es que el mínimo vital y móvil está en 87 mil pesos y no se pueden pagar 30 mil pesos de luz; incluso hay gente que está tomando créditos para pagar la luz, o sea que pedimos cierta humanización, con la esperanza que lleguen medidas concretas y que se pueda solucionar al menos una parte del tema”.
Además, aclaró que “las herramientas que tenemos están previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. Estamos hablando de un amparo, que es una solución rápida, o una medida cautelar de no innovar para que se puedan suspender estas boletas hasta tanto se solucione la situación de fondo”.
“Uno de los puntos de la Ley del Consumidor es que tiene que haber información precisa y adaptada: eso es una obligación, o sea que merecemos una explicación detallada, individual, y sobre todo de parte de las personas que tienen responsabilidad ante una comunidad”, completó.
