Los apoderados de la Vicepresidenta presentaron un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación Penal con su reclamo para apartar de la investigación a Capuchetti por considerar «insostenible» que siga a cargo de la pesquisa, según argumentó en un escrito al que tuvo acceso Télam.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy ante la Cámara Federal porteña que se indague nuevamente a los detenidos por el intento de asesinato en su contra para imputarles el delito de asociación ilícita y presentó un nuevo recurso para apartar del caso a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los apoderados de la Vicepresidenta presentaron un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación Penal con su reclamo para apartar de la investigación a Capuchetti por considerar «insostenible» que siga a cargo de la pesquisa, según argumentó en un escrito al que tuvo acceso Télam.
Entre otros puntos, recordaron que en la llamada «pista Milman» (en referencia al diputado nacional Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio y vicepresidente del bloque del PRO) la magistrada, «en vez de avanzar, actuó de un modo que posibilitó frustrar la investigación y perder prueba clave».
Ante la «gravedad de los hechos tratados en este incidente y en esta causa y de la existencia de cuestión federal dejamos planteada la reserva de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales pertinentes para solicitar su revisión», anticiparon en caso de una resolución negativa al planteo.
«No cabe duda de que la continuidad de la vida democrática de la República estará en vilo hasta que no sepamos quiénes son los responsables de intentar asesinar a la líder política más importante del país», concluyeron.
Por la mañana y en una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelaciones, esa querella pidió además que al detenido Gabriel Carrrizo se lo indague como coautor del hecho cometido el 1 de septiembre último, por el cual hasta el momento es considerado partícipe secundario.
Al exponer de manera presencial ante los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los apoderados de la Vicepresidenta Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira reiteraron sus críticas a la jueza Capuchetti, quien se negó a disponer esas medidas pedidas.
Ante ello, la querella apeló y, en la audiencia presencial, previa a una resolución, los apoderados reclamaron a los jueces que ordenen a Capuchetti disponer la ampliación de declaración indagatoria de los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.
El trámite debería cumplirse para imputarlos por un nuevo delito, asociación ilícita, darles la posibilidad de defenderse y resolver luego sus situaciones procesales por este cargo.
Ello, según explicaron, permitiría juzgarlos también por este delito cuando sean enviados a juicio oral.
Los abogados basaron su pedido en nuevos mensajes que surgieron de sus teléfonos en la investigación luego de su primera citación a indagatoria y de manera posterior a los procesamientos dictados por Capuchetti.
«Solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita», indicaron los letrados.
El ataque «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general», advirtió la querella al sostener que se trató de una asociación ilícita.
Sobre Carrizo, se puso énfasis en mensajes enviados la noche del atentado, cuando a las 23:17 del 1 de septiembre escribió a un contacto agendado como Kevin Bargas 2: -«Recién intentamos matar a Cristina» (23:17 horas)
-«Mi empleado» (23:17 hs.)-«Le quiso disparar» (23:17 hs.), escribió sobre Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la Vicepresidenta, pero la bala no salió.
Ante ello, se pidió agravar su situación procesal para considerarlo coautor al igual que Sabag Montiel y Uliarte, y no partícipe secundario del intento de magnicidio cometido la noche del 1 de septiembre último, cuando la Vicepresidenta llegaba a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.
Los mensajes fueron leídos en la audiencia y para la querella, muestran un grado de participación de Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, mayor al atribuído hasta el momento.
El abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, estuvo presente y pidió rechazar los planteos. (Télam)
