La escena política nacional está convulsionada por los debates de la ley ómnibus y el mega DNU, la administración libertaria tiró otra bomba. A través del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, blanqueó su intención de derogar la ley del aborto legal sancionada a fines de 2020. Los rechazos no tardaron en aparecer.
Uno de los que salieron al cruce de Barra fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. El funcionario de Kicillof aseguró que «no hay nada que debatir» vinculado a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y explicó por qué: «Previo a la ley, el aborto era la primera causa de muerte materna. Desde su sanción en 2020 esto se modificó», aseguró.
Según cifras de su cartera, entre 2010 y 2020, hubo un promedio de 17 muertes por año que se produjeron por abortos intencionales. Sin embargo, ya en 2021 se registraron solo tres fallecimientos por esta causa y en 2022 solo una que se debió a un aborto espontáneo. «Si suponemos que el promedio de muertes anual se hubiera sostenido, entre los años 2021 y 2023 se evitaron 45 muertes por aborto», indicó Kreplak tras compartir estas estadísticas.
Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro de la Nación, pidió derogar el aborto legal.
La titular de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, también salió a repudiar el pedido de Barra y a defender el aborto legal. La IVE es «una ley que además de sancionarse con un fuertísimo consenso social, en 2 años de implementación redujo en un 90% la mortalidad materna», argumentó.
Es de esperar que vuelvan las discusiones en torno a esta norma. No solo por el pedido de Barra o por la identificación de Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, con la lucha antiaborto. El propio presidente de la Nación, Javier Milei, habló de «la agenda sangrienta del aborto» en el Foro Económico de Davos. Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de aclarar que el tema «hoy no está en agenda»
