Por Agencia DIB
Internos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela denunciaron ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes a ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón 1, así como contra autoridades del penal, por presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, torturas y tratos degradantes.
De acuerdo a la presentación ante la justicia, en ese sector del penal operaría una organización conocida como “La Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”, que habría montado un verdadero “co-gobierno mafioso” dentro del pabellón. Los denunciantes -según informó Noticias Argentinas- hablan de un “quiebre absoluto de la legalidad institucional” y reclaman que la investigación quede en manos de una fuerza federal, como Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina, además del allanamiento urgente de oficinas y el secuestro de teléfonos y documentación.
Entre los acusados figuran 16 reclusos ex integrantes de distintas fuerzas de seguridad y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Los internos identificados tendrían roles diferenciados: desde un presunto líder y recaudador hasta regenteadores y pasamanos de drogas, nexos con las autoridades carcelarias y responsables de falsificar traslados y de confiscar mercadería enviada por las familias de otros detenidos
Narcotráfico, internet y “aduana” de alimentos
La denuncia describe además un esquema de “comercialización, acopio e introducción de estupefacientes” dentro del Pabellón 1. Sostiene que hay registro visual del ingreso irregular de internos de otros sectores, quienes coordinarían con miembros de la banda la distribución y el pasamanos de drogas a gran escala, a la vista del personal penitenciario.
También los denunciantes describen un “régimen tarifario clandestino” en torno al acceso a internet. La banda controlaría al menos dos antenas Starlink y exigiría a cada detenido el pago de cuotas fijas -de 30 a 40 mil pesos mensuales- para poder conectarse. Cuando otros internos intentaron ofrecer una alternativa más accesible con una tercera antena, habrían sido objeto de golpizas, amenazas y maniobras para forzar sus traslados.
La denuncia también refiere al “monopolio absoluto” en la comercialización de bebidas y alimentos, a la vez que un interno designado en tareas de limpieza del SUM de Visitas habría montado una “aduana ilegal”, exigiendo que los detenidos entreguen parte de los alimentos y productos que les llevan sus familias.
La Justicia de Quilmes la que deberá evaluar la prueba aportada, determinar el alcance de las responsabilidades penales y establecer si existió, como señalan los internos, «una estructura mafiosa enquistada en la Unidad 31», sostenida por la connivencia de sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense.
