“Suprimir el funcionamiento de la agencia demuestra el grado de ignorancia y preopotencia institucional con que ha obrado el actual Gobierno nacional”, sostuvo el jefe comunal.
En esa línea, Fernando Gray destacó en la presentación la importancia de la información “pública veraz, adecuada y objetiva” para la ciudadanía, así como también resaltó el impacto que tiene Télam en materia de “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
“Esta medida busca defender la libertad de expresión, la institucionalidad y los puestos de trabajo, y resguardar el derecho a la información”, sostuvo el Intendente de Esteban Echeverría. La acción cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat.
En efecto, el cierre de Télam implicó la pérdida de los puestos de trabajo de alrededor de 700 profesionales que desempeñaban tareas en la agencia. “Periodistas de extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación, que quedan sin su sustento diario en un contexto de grave crisis económica”, señaló Gray al respecto.
En este sentido, la presentación judicial del Intendente de Esteban Echeverría hace mención al prestigio informativo de Télam, dado que es la única con corresponsales en todo el territorio nacional. “Cuenta con 803 medios suscriptos en todo el país, funciona como archivo histórico de información de Argentina a través de sus 38.000 registros audiovisuales y documentos periodísticos”, detalló el jefe comunal.
Vale precisar que, la presentación judicial señala tener por objetivo que se proteja el material fotográfico y documental de Télam que, junto con el Archivo General de la Nación, son la base histórica más caudalosa del país sobre los registros de la historia argentina.
“El cierre de Télam perjudica al Municipio de Esteban Echeverría como usuario de su servicio informativo y a cada una y uno de sus habitantes porque afecta el derecho colectivo a la información pública”, señalaron desde la comuna bonaerense.
Vale recordar que, en la madrugada del lunes 4 de marzo los trabajadores de Télam denunciaron que el gobierno nacional envió efectivos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a vallar el ingreso a la redacción. En paralelo, recibieron una carta que les otorgaba una licencia por un periodo de siete días hasta que se resuelva el cierre definitivo del canal de comunicación.
