El Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser parte de la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández, que es acusado de malversar fondos del ANSES a través de intermediarios.
Además de esa formalidad, la Oficina Anticorrupción, que tiene como titular a Alejandro Melik, prepara otra presentación judicial para ser tomado como querellante en la causa iniciada esta mañana en contra de Alberto Fernández, a raíz de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez.
Si bien el caso le tocó por sorteo al juez Julián Ercolini, el Gobierno nacional pidió ser querellante para aportar pruebas con el objetivo de avanzar rápidamente con la investigación. Un accionar, que va en línea con lo anunciado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona días atrás, que adelantó que tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrán un rol importante en causas de corrupción.
Vale recordar que, esta mañana la abogada Martínez presentó una denuncia en el juzgado federal porteño N°11 por la abogada Silvina Martínez, en la que, además de a Alberto Fernández, acusó también al extitular de Nación Seguro, Alberto Pagliano, de unapresunta malversación de fondos públicos de la ANSES, a raíz de una supuesta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados a los afiliados.
“La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa. El periodista contó que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de $20 mil millones de anuales y $300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, detalló la abogada en la denuncia.
En ese sentido, Martínez presentó el documento por una supuesta “violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”. De acuerdo a lo que expuso la letrada, en 2021 Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tuvieran que pasar por Nación Seguros, organismo a cargo del ya nombrado Pagliano, que contrató a un bróker y a empresas privadas que funcionaron como intermediarios.
“$20 mil millones es lo que le paga la ANSES al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro. A su vez Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, explica Martínez.
En ese sentido, la abogada dictaminó que un empresario y bróker financiero llamado Pablo Torres García cobró varias veces una comisión mayor a la del mercado; un modus operandi llevado a cabo por otro bróker, de nombre Héctor Martínez Sosa, que es esposo de María Cantero, una de las secretarias con la que contó Alberto Fernández durante su Presidencia.
“En los convenios que firmaban el Ministerio de Seguridad con Nación Seguros había una cláusula que permitía el negociado: ‘La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros –Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses‘”, subrayó Martínez.
