El gobierno de Milei ratificó que no intervendrá en la causa $LIBRA, mientras crecen las críticas y nuevos pedidos de informes en el Congreso.
El Gobierno nacional ratificó que no intervendrá en la causa $LIBRA pese a las nuevas revelaciones que involucran a integrantes del Gabinete. Las autoridades libertarias dejaron trascender que sostendrán su postura después de que surgieran versiones sobre un presunto contrato y supuestos intercambios entre funcionarios de la gestión de Javier Milei y actores del expediente.
El Ejecutivo insistió en que no tomará medidas adicionales y que mantendrá distancia respecto de la investigación judicial en curso por la maniobra vinculada a la criptomoneda $LIBRA. La definición se sostuvo mientras la oposición impulsa pedidos de informes en el Congreso y cuestiona el rol de los dirigentes mencionados en el expediente.
En los últimos días, la investigación volvió a instalarse en la agenda pública luego de la difusión de un supuesto contrato que indicaría un pago de cinco millones de dólares al presidente Milei. El documento mencionaba tres desembolsos vinculados con la promoción de la criptomoneda y detallaba condiciones específicas sobre la difusión del activo digital.
A este episodio se sumó la circulación de un supuesto intercambio entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el lobista Mauricio Novelli, quien figura entre los imputados del caso. Además, otras conversaciones atribuidas al propio jefe de Estado también se difundieron, aunque luego se determinó que esos contenidos eran falsos.
Sin embargo, las filtraciones sí generaron malestar en Casa Rosada, que reclamó la intervención de la Procuración General de la Nación para investigar el origen de la difusión del material. En respuesta, el organismo que encabeza Eduardo Casal abrió un sumario interno para determinar responsabilidades y esclarecer cómo los datos del expediente llegaron al ámbito público.
La relación entre Javier Milei y Mauricio Novelli quedó en foco tras las últimas revelaciones.
“Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal”, señaló el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien ratificó que la denuncia por la filtración no partió del Gobierno nacional.
En paralelo, fuentes de la cartera judicial afirmaron que no aportarán nueva información al expediente y que mantendrán su postura de no intervenir en causas judiciales en trámite. En ese aspecto, desde el entorno de Mahiques, remarcaron que la colaboración oficial ya se concretó en instancias previas a través de la Unidad de Tareas de Investigación impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA).
Por su parte, la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso avanzó con nuevos pedidos de informes dirigidos a distintos funcionarios, incluido el propio Milei, Karina Milei y asesores del Ejecutivo. “Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”, aseguró el legislador Maximiliano Ferraro.
Finalmente, la justicia federal unificó las denuncias bajo la figura de estafa y asociación ilícita, mientras la querella sostiene que la promoción pública del proyecto resultó determinante para captar víctimas. El origen del caso se remonta a principios de 2025, cuando el Presidente difundió la criptomoneda en sus redes sociales como una herramienta para financiar pequeñas y medianas empresas.
