El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que los organismos y las empresas estatales concluyan la rescisión de contratos con compañías en las que el Estado tenga participación o ventajas exclusivas en la provisión de bienes y servicios.
La medida se oficializó a través del Decreto 591/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y llevó la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Con esta decisión, el Ejecutivo extendió los plazos fijados por el Decreto 747/2024, cuya vigencia terminaba el próximo 22 de agosto.
Según destacó la Casa Rosada, el decreto vigente desde el año 2024 eliminó disposiciones que forzaban a los organismos nacionales a contratar únicamente con empresas estatales. Entre las medidas alcanzadas, figuraba la obligación de abonar los sueldos de los empleados públicos por el Banco de la Nación Argentina, dispuesta en el Decreto 1187/2012.
Para avanzar en este nuevo esquema, la administración libertaria adjudicó en abril a once bancos la posibilidad de abrir, gestionar y mantener de manera gratuita las cuentas sueldo de los empleados públicos. La lista incluyó a Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Banco Supervielle.
En ese marco, el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos a elaborar los términos de referencia de cada contrato con base en los parámetros del pliego general y a priorizar beneficios adicionales para el personal estatal, entre ellos el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.
Milei y Sturzenegger impulsan nuevas medidas de desregulación sobre empresas estatales.
En tanto, el nuevo decreto ratificó la derogación de otras obligaciones que beneficiaban a empresas estatales. En ese sentido, el Gobierno dejó sin efecto la compra obligatoria de combustibles y lubricantes a YPF S.A., la contratación exclusiva de vuelos en Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar S.A., y la obligación de contratar seguros con Nación Seguros S.A., medida que había sido establecida en 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández.
En este contexto, el Gobierno defendió su política de desregulación y cuestionó duramente los mecanismos anteriores al calificarlos de “nefastos”. “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para lograr una contratación que era obligatoria por ley. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, señaló el texto oficial.
Finalmente, el Decreto 591/2025 se apoya en el Decreto 70/2023, que ya había establecido que las empresas estatales no tendrían privilegios en contrataciones con el sector público. Mientras tanto, desde el Ejecutivo de Javier Milei explicaron que la extensión de plazos respondió a la complejidad de la transición y a la necesidad de dar tiempo a las nuevas licitaciones nacionales.
