Jorge Capitanich, senador nacional del bloque Justicialista, habló en exclusiva con FM Cielo sobre el aumento de la morosidad que se está registrando en el país.
Redacción Infocielo
Reunion de la Comision de Economias Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el salon Arturo Illia del Senado de la Nación; el 24 de junio de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado.
Con cifras cada vez más preocupantes, el aumento de la morosidad y del endeudamiento tiene en jaque más de 7 millones de personas en todo el país. El gobierno nacional sostiene que se trata de un problema entre privados, pero también hay quienes hablan de un síntoma de la situación macroeconómica generada por las políticas libertarias. Jorge Capitanich, senador nacional por Chaco, analizó la situación.
En un diálogo exclusivo con FM Cielo, el dirigente del bloque Justicialista explicó que el gobierno nacional impulsó medidas “para perjudicar al tomador de préstamos”. “El Estado aplicó un aumento de tasas de interés, generó astringencia financiera y monetaria y propició aumentos de encaje“, declaró.
Ese escenario se combinó con tres características que Capitanich vinculó al año 2004, cuando Argentina empezaba a salir de la crisis del 2001. En aquel momento, había aumentado el número de cheques rechazados y la tasa de interés, mientras los salarios estaban por el piso. Actualmente, los cheques rechazados son alrededor de 105 mil, según Capitanich, y las tarjetas de crédito ya explican la mitad de los consumos de Argentina.
En este contexto, la bancada peronista presentó un proyecto de ley para aliviar el bolsillo de las familias endeudadas. En su paso por el programa Palabras más, Palabras menos, el senador Capitanich contó que buscan “proteger los ingresos” con un “proceso de reestructuración de la deuda” a la vez que se regularían las tasas de interés.
Concretamente, la intención es establecer un periodo de gracia de 9 meses, un plazo mínimo de 36 meses y una tasa de interés más baja. A su vez, el proyecto incorpora una cláusula para que las cuotas no puedan apropiarse de más del 30% de los ingresos del deudor.
