El avance en el Congreso para derogar una centenaria ley que prohibía la inserción laboral de mujeres en industrias como la minera, fluvial y portuaria fue celebrado hoy por trabajadoras de esos rubros, que destacaron que se trata de «un primer paso» para seguir avanzando hacia «mayor igualdad y derechos».
Con 153 votos afirmativos, la Cámara baja aprobó y pasó al Senado la derogación de la Ley 11.317 -sancionada el 30 de septiembre de 1924- y su decreto reglamentario, del 28 de mayo de 1925, durante la extensa sesión realizada desde el mediodía de ayer hasta esta madrugada.
«Es un logro porque increíblemente todavía hay sectores que se agarran de esta ley para no contratar mujeres por más que tengamos otros convenios internacionales que la ‘contradicen’», aseguró a Télam Lucía De Pasquale, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (Amamfyl), que agrupa a más de 150 profesionales del sector.
Y aseveró: «Era una deuda que tenían los legisladores eliminar esta normativa tan antigua que tanto daño todavía nos hace a las mujeres que intentamos insertarnos en sectores tan masculinizados».
Es que éstas ya anticuadas normativas establecían la prohibición de tareas consideradas «peligrosas o insalubres» para mujeres y personas menores de 18 años, que eran reservadas para varones.
Las tareas vedadas eran las actividades de carga y descarga de navíos; en canteras o trabajos subterráneos; en la carga o descarga por medio de grúas y cabrias; como maquinistas y foguistas; en el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento; en el manejo de correas; en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; en la fundición de metales, y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio.
Las mujeres quedaban, además, excluidas de tareas que tenían que ver con el transporte de materias incandescentes y el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas.
«Su derogación es dejar atrás lo negativo, pero necesitamos acciones positivas para remediar todo lo que causó esta ley que estuvo vigente durante 100 años. Hay que reparar todo lo que trajo y que todavía sigue vigente en el inconsciente colectivo de nuestras actividades», apuntó De Pasquale.
En ese sentido, destacó el proyecto de ley para un cupo del 30% para personal femenino y un 1% para personal trans a bordo de buques, artefactos navales y dotaciones de buceo profesional, que son «actividades donde todavía el 99,9% del personal es masculino».
«Todavía nos dicen como excusas para no contratarnos que las mujeres ‘traen mala suerte a bordo’ o que va a ser problemático mezclar hombres y mujeres», agregó la referente, buza profesional hace más de dos décadas, que nunca pudo trabajar como tal en el sector privado.
Por su parte, Beatriz Argüello, secretaria general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (Apdfa), resaltó esta iniciativa que «redundará en beneficio de las compañeras portuarias», una de las actividades que la ley prohibía, «terminando con las brechas salariales, dándoles igualdad de derechos y oportunidades».
«Aún falta mucho camino por recorrer, pero esta ley va a servir para que los gremios puedan exigir a las empresas portuarias de todo el país, para que haya muchas más mujeres en esas tareas que siempre han sido masculinizadas y que son las mejores remuneradas», agregó la dirigente sindical y ferroviaria.
“Tal vez, hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad nos lleva a replantearnos esa cosmovisión y estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que social y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres”, sostuvo la diputada del Frente de Todos (FdT), Vanesa Siley, en declaraciones a los medios de prensa acreditados en el Congreso.
En ese sentido, Siley aclaró que si bien en determinadas ramas se fueron incorporando mujeres a tareas históricamente masculinizadas, “en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar» personal femenino, algo que también se verifica en la industria marítima y portuaria.
Las normativas prohibían, también, que menores de 12 años realizaran cualquier clase de trabajo, incluido trabajos rurales -una cuestión ratificada por varias convenciones internacionales- que fueron excluidas de la derogación, indicó la funcionaria.
«El Banco Mundial identificó a esta ley en particular como una de las rémoras del derecho argentino que no permiten la igualdad real de trato a las trabajadoras y los trabajadores», señaló por su parte la diputada del PRO, Silvana Lospennato.
Y agregó: «Este es un paso más, pero todavía en materia de inserción económica de las mujeres, tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país».
En la sesión estuvieron presentes también representantes de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), ATE Nacional, ATE Santa Cruz, Puerto de Dock Sud, que celebraron la ampliación de derechos.
