Efectivos policiales allanaron esta mañana la casa de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en los últimos días en Jujuy.
El procedimiento fue ordenado por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, con el objeto de secuestrar dinero, computadoras y teléfonos celulares, dijeron allegados a Sala, quien cumple con arresto domiciliario.
La medida se llevó a cabo con el apoyo de canes que revisaron todo el inmueble, incluyendo la habitación que ocupa Raúl Noro, esposo de Sala, quien se encuentra gravemente enfermo -hasta hace poco estuvo internado- y, según su familia, en sus últimos días.
Ante la sorpresiva medida llevada a cabo por la justica local, la referente de la organización Túpac Amaru solicitó de urgencia la presencia de sus abogados.
Apenas días atrás, Milagro Sala, a quien el propio Morales acusó de estar vinculada a las movilizaciones de las que ella no participó por estar privada de la libertad, fue blanco de medidas judiciales teñidas de irregularidad.
Anteayer, un grupo de médicos llegó sin previo aviso a su vivienda y de manera irregular ordenaron un traslado a Buenos Aires por problemas de salud.
“Me quisieron llevar sin orden del juez cuando no pueden sacarme sin una orden judicial”, relató la dirigente a través de un video público, en el cual denunció que esto se trató de “una maniobra que realiza Morales” para encarcelarla en un penal. “Yo solamente salgo con orden judicial para ir al médico o ver a mi marido que está internado”, remarcó.
Los incidentes en Jujuy dejaron como saldo 85 detenciones, con personas posteriormente imputadas en dos causas que corren en paralelo.
El primer episodio se vivió el sábado 17 de junio, luego de la aprobación en la madrugada previa, del nuevo texto constitucional en Jujuy. Allí la policía detuvo a 25 personas en el piquete que se había establecido en el acceso al pueblo de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 9 y 52.
Tras varios intentos fallidos de funcionarios de persuadir a los manifestantes, la policía decidió avanzar y se produjeron los incidentes. La investigación quedó a cargo del fiscal Walter Rondón, quien imputó a los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.
El hecho, que ocurrió en la Legislatura de Jujuy y alrededores, acaparó la atención de todo el país y fue transmitido en tiempo real por las canales de televisión, durante la jura de la nueva Carta Magna. Tras ello fueron detenidas otras 60 personas
