El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó hoy de manera favorable el proyecto de financiamiento universitario que había sido aprobado semanas atrás por la Cámara de Diputados, e hizo lo propio con la Emergencia en Pediatría. Ahora ambas iniciativas podrían tratarse en el recinto la semana próxima.
La Ley de Financiamiento Universitaria fue apoyada por el bloque K, la UCR y otras bancadas provinciales, fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI, además de que se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y fijar la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
Establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Pediatría
En el tema Pediatría, el dictamen, que recibió el apoyo del kirchnerismo, la UCR, PRO y otros partidos provinciales, establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.
Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.
“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho de mayoría.
También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.
Dispone además que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, además de que podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones”.
“Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones”, consignó la OPC. Señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”. (DIB)
