PorRedacción El intransigente
La Confederación General del Trabajo (CGT) acudió este lunes a la Justicia laboral para frenar el decreto 340/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que impone nuevas limitaciones al derecho a huelga. La central obrera presentó una acción de amparo colectivo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, con el objetivo de declarar la invalidez del decreto presidencial.
La presentación judicial fue elaborada por los abogados sindicales Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra), quienes calificaron la medida como «un ataque directo al derecho de huelga» y denunciaron que su contenido resulta «abiertamente inconstitucional». El decreto amplía las actividades consideradas esenciales y establece niveles mínimos de prestación durante las huelgas, lo que —según los letrados— limita en los hechos el ejercicio de esa herramienta sindical.
La estrategia de la CGT se basa en antecedentes recientes: en diciembre de 2023, cuando Milei llevaba menos de un mes en la Casa Rosada, la justicia laboral ya había frenado parcialmente el DNU 70/2023, que incluía una reforma laboral sin tratamiento parlamentario. Esa experiencia fortaleció la decisión de volver a judicializar un nuevo decreto.
Entre los argumentos centrales de la acción de amparo, se señala que el decreto vulnera derechos protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, se cuestiona que el DNU fue dictado sin que existan las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Carta Magna para este tipo de normas.
La CGT también solicitó una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la aplicación de los artículos 2 y 3 del DNU, con el fin de evitar perjuicios irreversibles para el movimiento obrero mientras se tramita la causa. Advirtieron que el decreto implica un “retroceso inaceptable” en materia de derechos laborales al modificar el artículo 24 de la Ley 25.877 y ampliar las restricciones a sectores que antes no eran considerados esenciales.
Otro de los ejes planteados en el recurso judicial es la afectación a la negociación colectiva. Desde la central obrera consideran que limitar el derecho a huelga debilita a los sindicatos frente a los empleadores, consolidando relaciones laborales más desiguales. “La huelga es una herramienta clave para el equilibrio en la negociación”, señalaron.
