Desde hace unos años en las UP 13 y 49 se han llevado a cabo allanamientos en la paradójica búsqueda de presos que siguen delinquiendo ya sea a través de estafas telefónicas o la venta de drogas. La polémica del uso de celulares en las cárceles es motivo de debate, pero no hay decisiones a la vista que permitan una solución.
Cuando cualquiera podría pensar que el destino final de un delincuente debiera ser una cárcel para que corrija su proceder, pague por su irresponsabilidad y deje de hacer daño a otros actualmente parece estar distorsionado dicho pensar ya que una buena parte de los delitos se siguen generando desde el interior de las cárceles y en las penitenciarías de Junín no parece haber excepciones, sino que por el contrario los hechos acontecidos terminan mostrando lo contrario.
Delitos relacionados con la venta de drogas como así también de estafas telefónicas tienen lugar desde las penitenciarías y se han constatado situaciones de este tipo en los establecimientos de nuestro medio.
La semana pasada, un medio de la ciudad de Pergamino informó que “por tercera vez” la fiscalía de ese departamento judicial, había desbaratado “una banda liderada por un recluso desde una unidad penal en lo que va del año”.
De las tres, dos de ellas habían acontecido en cárceles provinciales con asiento en nuestro medio, precisamente la N° 13 de máxima seguridad (¿?) y la alcaidía 49 que contempla un régimen cerrado y de modalidad moderada.
El operativo entre el personal judicial y policial de Pergamino incluyó seis allanamientos que resultaron en la detención de tres personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al narcomenudeo, liderada por un convicto desde la Unidad Penal Nº 13 de Junín”, según publicó el diario La Opinión.
El fiscal Francisco Furnari y el ayudante fiscal Juan Tomás Godoy, quienes encabezaban la investigación desde principios de 2023, dirigieron el amplio despliegue policial que incluyó allanamientos en cinco domicilios de Pergamino y una celda en la prisión de Junín. Entre los detenidos se encuentran el padre del convicto, quien operaba como el contador de la organización, y un socio criminal.
Los procedimientos realizados por la Policía de Drogas Ilícitas de Pergamino y brigadas de la región concluyeron con el secuestro de drogas, dinero en efectivo, vehículos y teléfonos celulares.
El comisario Juan Tejedor, quien trabajaba en Junín y ahora pertenece a la brigada policial de Drogas Ilícitas Pergamino, fue determinante en la obtención de datos de informantes, relevamiento de los movimientos de casas sospechadas y los seguimientos a las personas involucradas para establecer los roles de cada uno en la actividad criminal.
Desde la oposición hace tiempo que reclaman al gobierno provincial que derogue el protocolo de uso de teléfonos celulares en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, que entró en vigencia con la pandemia y debía regir mientras se prolongara el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
De hecho, un proyecto de ley solicita que se prohíba el uso de celulares, tablets y computadoras conectadas a la red de internet en todas las alcaidías y penales bonaerenses. Afirma que es «imperioso» derogar el protocolo «en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses».
Precisamente el convicto, que lideraba la organización desde su celda, utilizaba un teléfono móvil para coordinar las operaciones de la banda. Durante el allanamiento en la cárcel, el personal de narcotráfico de la policía de Junín confiscó este dispositivo, considerado crucial para la dirección de las actividades delictivas.
Sin embargo, la investigación venía de cuatro años atrás, cuando se recopiló evidencia sobre una organización narco-criminal dedicada a la venta de drogas a consumidores de la ciudad de Pergamino.
El padre del convicto desde su casa era la persona que manejaba las cuentas de la organización criminal. Todos los movimientos contables y de dosis pasaban por las manos del adulto mayor.
El jubilado se encontraba con arresto domiciliario por quedar involucrado en la misma causa que dejó preso al hijo.
Entre los elementos que secuestraron había automóviles y motocicletas que por la legislación actual pueden ser decomisados si se comprueban que fueron adquiridos por la actividad ilícita de venta de drogas.
