El flamante ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, elabora su primera medida ejecutiva desde que asumió formalmente. Se concretará la anunciada eliminación del INADI y se sumarían el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre unas 60 dependencias
El flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete. El creador del famoso, polémico y, en parte, frenado DNU/70, estrenará la lapicera con la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
La lista del “decreto 51″, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Casa Rosada son el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al exfuncionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que depende de la cartera de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.
Los fundamentos no se oficializaron, pero girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.
En su designación como ministro se había establecido que las atribuciones de Sturzenegger tendrían injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Pero por ahora, en Desregulación y en las carteras cuyos organismos serán afectados mantenían la reserva sobre la forma en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.
El fin principal es recortar presupuesto, aunque probablemente deban gastar millones en indemnizaciones por despidos, o en retiros voluntarios. Y en Gobierno aseguraron que, en el fondo, la medida servirá al plan de terminar con las “trabas del Estado”. “El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura”, decía ayer un importante asesor del Presidente en la Casa Rosada. Esa premisa, sin embargo, no implicó que se sostuvieran los empleos para reubicar a los agentes. Y en Gobierno aseguran que está firme la meta de alcanzar las 70 desvinculaciones que se habían fijado poco después de asumir.
