La denuncia, cuya investigación quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se presentó por los presuntos delitos de «violación de secreto oficial, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, usurpación de autoridad, malversación de caudales», entre otros, informaron fuentes judiciales.
Los denunciados son el extitular de la AFIP Abad y los exfuncionarios María Jimena de la Torre, Eliseo Devoto y Alejandro Alteiri además de los abogados que habrían sido beneficiados con estas contrataciones.
Se trata de Ricardo Gil Lavedra, Alejandro Carrió, Maximiliano Reussi, Juan José Avila y Tomás Farini Duggan, según surge del texto de la denuncia al que accedió esta agencia.
Los entonces funcionarios de AFIP habrían «facilitado» o «se beneficiaron de los hechos denunciados», se indicó en la presentación judicial.
El organismo recaudador pidió que se investigue el supuesto delito en «la contratación por parte de la AFIP de profesionales externos desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019».
«Al momento en que sucedieron los hechos, AFIP contaba con personal de planta superior a 22.000 personas, de los cuales 5.000 eran abogados y abogadas altamente especializados», se remarcó.
La denuncia se presentó luego de realizarse una auditoría interna que concluyó que pudo haber contrataciones directas y que algunos de estos letrados comenzaron a intervenir en causas penales de «trascendencia institucional» antes de cumplirse con los procedimientos administrativos para la designación.
En la denuncia se aludió además a posibles «pagos indebidos» sin control de «prestación de servicios» y se mencionó que, en algunos períodos de contratación, incluso hubo abogados que estuvieron fuera del país por períodos superiores a los tres meses.
La denuncia fue presentada por Gloria González, directora interina de la Dirección de Sumarios Administrativos de AFIP.
«Las circunstancias narradas que, cabe reiterar, no son sino consecuencia de los minuciosos informes elaborados por la Unidad de Auditoria Interna evidenciarían, cuanto menos, un modo de actuar manifiestamente apartado al requerido por el ordenamiento normativo para agentes y funcionarios», concluyó la denuncia.
Se trata de funcionarios «a quienes la Administración le confió la responsabilidad de observar y hacer observar las leyes y reglamentaciones que se encontraban a su cargo», se agregó.
En la investigación, remarcó el organismo en su denuncia, «emergerán con claridad prístina situaciones que imponen la investigación de diversas hipótesis de contenido delictivo».
Para la AFIP se habría tratado de comportamientos que «dañan profundamente la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones democráticas y republicanas, de modo que cabe a la judicatura, mediante un típico accionar de prevención positiva, restaurar la confianza quebrantada en las normas que habrían sido conculcadas», concluyó la presentación judicial.
Tras conocerse la noticia de la denuncia, el abogado Gil Lavedra declaró que se trata de una presentación que «no es seria», que «fuerza y distorsiona los hechos, y hasta el derecho» y la vinculó al proceso electoral que comienza a ponerse en movimiento por estos días.
«No distingue el secreto fiscal y las actuaciones de una causa criminal. Debo además decir que la contratación se debió al conflicto eventual de intereses con los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos que habían intervenido en los trámites de Oil Combustibles, y aprobada por el Procurador del Tesoro», expresó el exjuez y exdiputado radical en un comunicado que receptó esta agencia.
