Tras la presentación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) ante los diputados y senadores de las comisiones de Asuntos Agrarios de la Legislatura bonaerense, desde el bloque Juntos buscan reflotar un proyecto para actualizar la ley de emergencia agropecuaria que regula la asistencia para los sectores afectados por la sequía.
Se trata de un proyecto ingresado el año pasado por el diputado bonaerense de Juntos y vicepresidente de la comisión de Asuntos Agrarios, Luciano Bugallo, para reformar la Ley 10.390, que entre otras cuestiones, establece nuevos parámetros de afectaciones que deben padecer los productores para acceder a los beneficios y una extensión de la duración de la emergencia agropecuaria en base a los ciclos productivos.
En diálogo con Diputados Bonaerenses, el diputado Bugallo contó que “parte de los reclamos que presentó Carbap hoy fueron los mismos que recibimos de las sociedades rurales y de los productores frente a una situación extraordinaria como se dio estos últimos años con el tema de la emergencia agropecuaria”.
“Una sequía catastrófica histórica, lo que pone en evidencia la incapacidad del Estado provincial de dar una respuesta en tiempo y forma al productor. Así que un poco el tema era plantear qué estamos haciendo nosotros como legisladores para dar respuesta en esto”, amplió el referente del sector agropecuario en la Legislatura bonaerense.
En este sentido, el legislador de la Coalición Cívica explicó que “desde el bloque de Juntos por el Cambio ya hemos presentado un proyecto el año pasado de reforma a la ley actual de emergencia agropecuaria donde aparecen varios los problemas que ellos nos trajeron”.
Durante el debate de este jueves en las comisiones conjuntas de Asuntos Agrarios, el principal reclamo de las entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires giró en torno a la necesidad de avanzar en una amplia reforma de la Ley N°10.390, que regula, entre otras cosas, las características de las declaraciones de emergencia agropecuaria, las herramientas de asistencia, como auxilios crediticios e impositivos, y los requisitos que deben cumplir los productores para estar comprendidos.
En respuesta, Bugallo explicó que el proyecto de reforma de la Ley N°10.390 “plantea justamente pasar de una emergencia agropecuaria de tres o cuatro meses a una por ciclo productivo de seis meses para la agricultura y un año para la ganadería”. “Además, tiene que ver con la prórroga de vencimientos, porque muchas veces cuando terminó la emergencia tenés que pagar toda la deuda acumulada más las cuotas vigentes, y si vos no estuviste produciendo en estos meses, no vas a tener un mango para afrontar esa deuda”, graficó.
Asimismo, el proyecto de reforma de la ley de emergencia agropecuaria también establece en su artículo 8° una baja en los porcentajes de afectación de la producción para acceder a los beneficios, que pasaría del 50% al 30%. En tanto, para las declaraciones de catástrofe agropecuaria descendería del 80% al 50%.
“Hay que pensar que en un contexto donde el Estado se queda con el 70% de la producción bruta, el productor se queda con un 30% que no es ganancia, es para pagar alquileres, insumos, sueldo y reparar maquinaria, entonces le termina afectando un 50% de la producción de ese 30% que te quedó, en realidad ya es una catástrofe”, ejemplificó el “lilito”
Vale recordar, que en los últimos días desde Carbap emitieron una carta abierta dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la que lo acusan de “dilatar permanentemente” las herramientas dispuestas para atenuar la crisis que atraviesa el sector agrario producto de la sequía.
“El año pasado pedimos que la emergencia agropecuaria dure hasta finales de 2023, pero el gobernador (Axel Kicillof) eligió ir haciendo declaraciones cortitas. Firmamos varias actas en disidencia. Tuvimos que afrontar muchos impuestos, problemas con la AFIP, y diferentes trámites, en vez de haber decretado la emergencia hasta finales de 2023″, criticaron desde Carbap.
En la misma sintonía, el diputado consideró que “si el Estado no le estuviera sacando los recursos a los productores, la verdad que un año o dos de sequía o inundación te la podés bancar, porque es parte del negocio, pero cuando te sacan parte de tu rentabilidad, no te queda margen, no te queda espacio para poder respirar en un contexto extraordinario como ese dio”.
“Entonces terminas preso recurriendo al Estado pidiéndole casi limosna, y que esa limosna es parte de lo que vos ya aportaste y el Estado se llevó”, concluyó Bugallo, fiel a su estilo.
