El presidente del Interbloque Federal de la Cámara de Diputados de la Nación, Alejandro Topo Rodríguez, presentó una solicitud ante la Comisión de Juicio Político para que se declare nulo el expediente que apunta contra los fondos de Coparticipación a la ciudad de Buenos Aires
“A raíz de las expresiones vertidas por el Presidente nacional en ocasión de inaugurar el período ordinario de Sesiones del Congreso de la Nación, es que solicito formalmente se resuelva la nulidad de las actuaciones correspondientes al mencionado expediente“, expresó el legislador en su escrito dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
Asimismo, el Topo Rodríguez agregó que “el titular del Poder Ejecutivo Nacional, no satisfecho con su anterior injerencia en la función y labor judicial, ha interferido ahora en el proceso que lleva adelante la Comisión de Juicio Político inmiscuyéndose en su trámite, con la grave pretensión de condicionar su resultado”.
“Debe recordarse que en la reunión del 16 de marzo solicité que se cite como testigo al presidente nacional, Alberto Fernández, iniciativa que fuera puesta a votación y rechazada por los 16 miembros que representan al Frente de Todos, lo que representa la mayoría sobre los 31 integrantes de la comisión”, agregó el legislador sobre el juicio a la Corte.
La presentación se basa en el artículo 109 de la Constitución, que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
En este sentido, el legislador se refiere puntualmente a la causa sobre la Coparticipación Federal, donde la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sentencia que el mandatario cuestionó con dureza.
Por esto, el diputado Rodríguez consideró que “de esta manera, el propio oficialismo descartó la única forma legal mediante la que el primer mandatario puede participar del proceso respetando el Reglamento Interno de la Comisión, como testigo, en los términos establecidos por el artículo 12”.
“El Frente de Todos no permitió que el Presidente de la Nación ingresara por la puerta a declarar como testigo en el intento de juicio a la Corte, pero ahora constatamos que el primer mandatario se mete por la ventana rompiendo en mil pedazos las reglas que el Congreso establece para llevar adelante el proceso”, enfatizó el parlamentario.
Por último, el legislador puso de relieve que “sabido es que el artículo 109 de la Constitución Nacional, cuando veda al Presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales y le prohíbe el conocimiento de causas pendientes o el restablecimiento de las fenecidas, no hace más que aplicar el principio de la división de poderes”.
“En la Asamblea Legislativa del pasado miércoles, Alberto Fernández hizo una evaluación de la situación de la república y no fue la primera vez que un Presidente critica a la Justicia“, consideró el diputado del Frente de Todos en respuesta a los fundamentos del líder del interbloque Federal.
En esa clave, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, del Frente de Todos, recordó que oportunamente se acordó en ese cuerpo de trabajo que “todas las impugnaciones u observaciones que se presenten se resolverán en su oportunidad”.
“Se tendrán como presentes y se resolverán al momento de definir si se acepta la acusación o no, es decir, al finalizar la etapa de recolección de pruebas y testimonios”, precisó la legisladora Gaillard sobre el juicio a la Corte.
Cabe destacar que, para definir sobre estas cuestiones, el oficialismo cuenta en la comisión de Juicio Político con una mayoría de integrantes (16), contra 14 de Juntos por el Cambio y el mencionado Rodríguez, del interbloque Federal.
Cómo continúa el juicio la Corte
Con respecto a la continuidad del cronograma de trabajo, la comisión de Juicio Político volverá a reunirse el próximo martes 7 de marzo a las 13 horas, en tanto que este jueves 2 de marzo lo harán los asesores de cada legislador.
En un trámite que se desarrollará por aproximadamente tres meses, el juicio a la Corte continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cortesanos.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de Diputados, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, puesto que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación, de 172 legisladores si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta.
De todos modos, el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, por lo que el Frente de Todos evalúa tenerlo en reserva a la espera de un escenario de correlación de fuerzas favorable. Por su parte, Juntos por el Cambio también deberá resolver si se une al proceso de juicio a la Corte citando a sus propios testigos o si toma otra iniciativa.
