Por Agencia DIB
Un grupo de 12 activistas de Greenpeace -al menos nueve de ellos mujeres- fue detenido este jueves en la explanada del Congreso de la Nación Argentina, durante una manifestación contra el proyecto oficialista de reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Senado. En medio del operativo de la Policía Federal Argentina, también fue aprehendido el camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini, quien terminó con lesiones en el rostro tras ser rociado con gas pimienta.
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La protesta de los ambientalistas duró pocos minutos. Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y, sentados en inodoros colocados sobre las escalinatas, desplegaron un cartel con la leyenda: “Senadores: no se caguen en el agua”. La intervención policial fue inmediata y derivó en forcejeos, golpes y la utilización de aerosol irritante.
“Averiguación de delito”
En las imágenes captadas por distintos móviles de televisión se observa a efectivos de la PFA mientras reducían al camarógrafo que registraba el procedimiento. Según los registros audiovisuales, fue golpeado para impedir que continuara filmando y luego trasladado esposado al Hospital Ramos Mejía. La cronista del canal y otros periodistas también resultaron afectados por el gas pimienta.
Fuentes policiales indicaron que las detenciones se produjeron bajo la carátula de “averiguación de delito” y confirmaron que ningún efectivo resultó herido durante la protesta.
Conocidos los hechos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la liberación del camarógrafo y requirió el envío del sumario para determinar lo ocurrido, informaron fuentes judiciales.
Sumario
En tanto, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich explicó a los medios en las afueras del Congreso que habló con el secretario de Seguridad y que el jefe de la Policía Federal ya tomó intervención por el efectivo que agredió a los periodistas. “Se ha abierto un sumario, porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido una conducta reprochable, con lo cual eso está en análisis”, afirmó.
Bullrich detalló que el incidente se produjo luego de que activistas ingresaran al Congreso y fueran detenidos. Según su versión, el camarógrafo “intentó tomar imágenes de las personas detenidas” cuando se produjo el forcejeo. Sin embargo, desde el móvil le remarcaron que el trabajador se encontraba en la vereda cumpliendo su tarea.
Ante la insistencia, Bullrich fue contundente: “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el accionar que la Policía debe realizar”, y agregó: “Si hubiera sido un accionar correcto, en el marco del deber policial, no se le hubiera abierto un sumario”.
Controversia
La manifestación se produjo en rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
Desde Greenpeace señalaron que la acción fue “directa y pacífica” y tuvo como objetivo exponer “la gravedad” de la reforma. “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma es regresiva e inconstitucional”, sostuvo Diego Salas, director de programas de la organización. Según afirmó, “de los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico amparado por la Constitución”.
Debate
El debate en la Cámara Alta gira en torno a la posibilidad de transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con criterios más flexibles para su explotación.
El proyecto mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero pone el acento en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. De aprobarse el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales las que definan si un área constituye una reserva estratégica de agua dulce y las que aprueben los estudios de impacto ambiental presentados por empresas mineras.
Criterios
Actualmente, la ley prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación y extensión. La reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para definir qué zonas quedarán bajo protección, un punto que organizaciones ambientalistas consideran una flexibilización sustancial del esquema vigente.
Desde el sector minero, en cambio, sostienen que la normativa actual implica una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos y que la modificación permitiría atraer inversiones, especialmente en proyectos vinculados al cobre.
