El Gobierno, por medio del Decreto 424/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, vetó la ley que declara en emergencia por inundaciones a Bahía Blanca. La norma establecía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó graves daños en marzo pasado. A raíz de esto, se desató una gran polémica sobre la influencia del Estado ante las catástrofes naturales y Manuel Adorni argumentó esa decisión.
«El 1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas», señaló el vocero presidencial.
Teniendo en cuenta esto, Manuel Adorni agregó: «Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta», explicó en su cuenta de X.
Entre otros puntos, la ley vetada proponía suspender ejecuciones hipotecarias y bancarias por seis meses, coordinar con la provincia de Buenos Aires la exención de impuestos, e implementar créditos blandos a través del Banco Nación. También contemplaba usar mano de obra local para las obras de infraestructura y exigía controles periódicos del Congreso sobre la ejecución de los fondos.
Más argumentos para vetar la ley
El Poder Ejecutivo también justificó el veto al señalar que la ley no establecía de dónde saldrían los fondos, algo exigido por la Ley de Administración Financiera. «No cuenta con previsión presupuestaria ni con una indicación de los recursos que deberían utilizarse para su financiamiento«, sostiene el decreto, y agrega que su implementación afectaría los «objetivos de política económica» del Gobierno.
