Los períodos represivos dejan sus huellas en los cuerpos de los sobrevivientes, en las familias, en las comunidades y también en los territorios. Esa memoria está viva en los más de 240 Centros Clandestinos de Detección que hubo en la Provincia de Buenos Aires.
Por Ana Roche
La memoria tiene un papel altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades, sostiene la socióloga e investigadora del CONICET, Elizabeth Jelin, en «Los trabajos de la memoria» (1998). Y agrega que los debates acerca de la memoria de períodos represivos y de violencia política son planteados con frecuencia en relación con la necesidad de construir órdenes democráticos en los que los derechos humanos estén garantizados para toda la población.
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En ese sentido, subraya que al estudiar las historias micro, las experiencias concretas de las personas que vivieron los años de dictadura, con miedo a perder la vida y en un estado de violencia permanente, los sentidos de la temporalidad se establecen de otra manera: necesariamente el presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras.
Los períodos represivos dejan sus huellas en los cuerpos de los sobrevivientes, en las familias, en las comunidades y también en los territorios. La memoria se puede construir en un relato y se puede hacer vivencia resignificada en el espacio. Barrio, casa, institución, plaza, el inmenso mar en el que miles cayeron desde aviones; allí el pasado grita en el presente y busca la proyección de un futuro que no repita el horror y en el que prevalezca la humanidad.
En la Provincia de Buenos Aires funcionaron más de 240 Centros Clandestinos de Detención (CCD) y en todo el territorio nacional se estima que fueron más de 800 los espacios en los que accionó el terrorismo de Estado con su plan de exterminio, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), de cuyo inicio se cumplen 50 años este 24 de marzo.
Después de varias décadas, la memoria comenzó a operar como mecanismo cultural, a través de políticas públicas y legislaciones empujadas por organizaciones de derechos humanos que, necesariamente, resurgieron ese pasado en el presente y, concretamente, en señalizaciones en la vía pública, sitios de memoria, espacios para la memoria y mapas de consulta que reconstruyen en el espacio dónde se vivió el horror.
