Un informe periodístico de Jorge Lanata lo volvió a poner en el ojo de la tormenta tras unas semanas de relativa calma. Esta vez las críticas hacia el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, era apuntado por su patrimonio y supuestas irregularidades en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control. Fiel a su estilo, Berni respondió mostrándose en el territorio y trabajando.
El encargado de la seguridad bonaerense estuvo ayer entregando móviles policiales nuevos en Azul y después en 9 de Julio, ambos distritos gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio. En las dos ciudades rechazó las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y también los rumores sobre su salida del gobierno de Axel Kicillof. «No es la primera vez que lo hacen porque durante el gobierno anterior ya lo habían hecho. En esa oportunidad me denunciaron y mi patrimonio fue monitoreado y peritado por el cuerpo de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 2015 los peritos me sobreseyeron y estoy convencido que esta no va a ser la excepción», expresó ante la prensa local.
Según Berni, la acusación responde a un «adelantamiento del año electoral» y constituye una «operación» mediática en su contra. En estos mismos términos habló sobre su relación con el gobernador de la Provincia y los rumores de su renuncia. «Estuve trabajando hasta anoche con el gobernador», aseguró en referencia a la noche del martes y al inminente lanzamiento del Operativo Sol. Finalmente, Berni le dejó un reclamo a los intendentes: «Donde hay actores que no están presentes es importante que asuman el compromiso», declaró.
Déjà vu
En 2014, cuando Berni todavía era secretario de Seguridad de la Nación, el por entonces diputado radical Manuel Garrido promovió una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de declaración jurada patrimonial y lavado de activos. La causa tramitó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez quien ordenó a Fiscalía realizar la investigación pertinente. Años después, en 2019, el magistrado sentenció que «no se han detectado bienes que hayan sido omitidos por los encartados». La acusación se desestimó teniendo en cuenta información aportada por la Oficina Anticorrupción, la AFIP y el Banco Central, entre otros organismos.
