El proyecto tomó estado parlamentario el 15 de diciembre pasado, luego de una presentación realizada por el gobernador junto al ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, y debe ser tratado por las comisiones de Reforma Política y del Estado, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados
El Proyecto de Ley de Ética Pública que promueve el gobierno de Axel Kicillof recibió 28 adhesiones formales de los tres poderes del Estado, organismos de la Constitución, universidades, municipios y organizaciones de la sociedad civil solicitando su aprobación por la Legislatura Bonaerense.
El proyecto tomó estado parlamentario el 15 de diciembre pasado, luego de una presentación realizada por el gobernador junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y debe ser tratado por las comisiones de Reforma Política y del Estado, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados.
Las manifestaciones de apoyo al tratamiento y aprobación de la norma, y adhesiones, han ingresado como notas, decretos municipales y resoluciones, en el expediente PE-11-22/23 de la cámara de origen y en el Poder Ejecutivo Provincial, en reconocimiento a una iniciativa que viene a saldar una deuda de 24 años con las y los bonaerenses.
La redacción del proyecto es el producto de un trabajo plural y colaborativo de más de 70 actores entre universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución, los poderes del Estado, organismos nacionales y municipios, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, a través de la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos.
Entre las adhesiones se destacan la del Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; el Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Federico Thea; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Miguel Berri, y Mónica Mabel Biasone, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Los intendentes que emitieron decretos son Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes; Lucas Ghi, de Morón; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; José Rodríguez, de General Lavalle, y el Concejo Deliberante de Junín, a propuesta del Bloque del Frente de Todos.
Las notas de apoyo corresponden a los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Baradero, Esteban Damián Sanzio; de Benito Juárez, Julio Cesar Marini; de Bolívar, Marcos Pisano; de Chivilcoy, Guillermo Alejandro Britos; de Ezeiza, Gastón Alejandro Granados; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni; de Navarro, Facundo Diz; de Pehuajó, Pablo Javier Zurro; de Presidente Perón, Blanca Haydee Cantero; de Punta Indio, Leonardo David Angueira; de Rojas, Román Luján Bouvier; de Veinticinco de Mayo, Hernán Raninqueo.
Y las organizaciones de la sociedad civil que hicieron público su respaldo son el Centro de Estudios para la Gobernanza; la Escuela de Fiscales y World Compliance Association.
