La jueza federal María Servini procesó a exfuncionarios del Ministerio de Turismo durante el gobierno de Mauricio Macri por una presunta defraudación en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos para la Semana Santa de 2016 por más de $10 millones.
En ese sentido, la investigación comprende al ex titular del Consejo Federal de Turismo (CFT), César Ovejero; al coordinador, Claudio Massetti; al secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradin; y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
Los hechos por lo que se lo acusa a los funcionarios de la cartera que en ese entonces conducía Gustavo Santos ocurrieron en 2016, cuando el Consejo Federal de Turismo decidió la realización de una campaña publicitaria por radio para promover distintas localidades de todo el país.
El CFT, que está integrado por el Ministerio de Turismo y representantes de las 24 jurisdicciones nacionales, contrató a una empresa de forma directa para que distribuyera la pauta en las radios y a la compulsa de precios se invitó a otras dos.
Luego se determinó que las empresas seleccionadas,”Team Media”, “Publicidad 10″ y “80/20 Marketing & Publicidad”, estaban relacionadas entre sí, por lo que para los investigadores judiciales no hubo una real competencia y se direccionó la contratación.
La causa contra los exfuncionarios de Macri se abrió por la denuncia que en 2018 había hecho el empresario de medios dedicados al turismo, Gonzalo Yrurtia, ante la Oficina Anticorrupción que por entonces encabezaba Laura Alonso.
Recién en 2022, cuando la Oficina Anticorrupción estaba a cargo Félix Crous, se formalizó la denuncia penal que le tocó a la jueza Servini, quien inmediatamente le delegó la investigación al fiscal Federico Delgado.
En ese marco, el fiscal pidió la indagatoria de los exfuncionarios de Macri porque determinó que se cometieron dos delitos: el de negociaciones incompatibles con la función pública y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la investigación de Delgado, hubo relación entre las tres empresas y además una “ausencia de un acto administrativo previo y fundamentación para la apertura de un concurso privado que implicara la contratación de una agencia publicitaria”.
En tanto, la jueza Servini indicó que los exfuncionarios que fueron imputados ”omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas, con el único fin de que se celebre y se concrete el contratar por parte del Consejo Federal de Turismo a la empresa “Team Media S.A.” para realizar una campaña publicitaria por la suma de $ 10.072.983,80.
