El abogado querellante presentó un pedido para que se amplíe la investigación a la Policía de la Ciudad y a Marcelo D’Alessandro por el atentado a Cristina Kirchner.
Mientras dirigentes del oficialismo señalan que la investigación por el atentado a Cristina Kirchner no avanza en sus debidos términos, y con la reducción de la carátula para los cuatro procesados, el abogado José Manuel Ubeira, de la querella particular, presentó un petitorio para que se investigue el accionar del Gobierno de la Ciudad, la Policía de la Ciudad y Marcelo D’Alessandro. El ministro de Seguridad porteño continúa de licencia y este jueves se vio involucrado en la filtración de chats con el juez federal Sebastián Ramos.
El petitorio apunta también contra la jueza María Eugenia Capuchetti, considerando que «más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos». Además, critica el accionar de la magistrada porque «investigó a la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía el control territorial de seguridad en el domicilio donde ocurrieron los hechos y sus inmediaciones, justamente los días previos al atentado».
Por el momento, la Cámara Federal confirmó parcialmente los procesamientos de los cuatro integrantes de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha apuntada desde que ocurrió el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el tribunal modificó la calificación a “incitación a la violencia colectiva”, que estipula una pena menor, y redujo los embargos.
Los procesados son Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, cuyas defensas apelaron los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los jueces entienden que la agrupación no tiene la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías.
La Sala I de la Cámara también redujo el monto del embargo de 9 millones de pesos a 4 millones de pesos para cada uno. “Se advierte que la agrupación denominada Revolución Federal, que habría sido conformada en un primer momento por Jonathan Ezequiel Morel y Leonardo Franco Sosa –y a la cual se habrían integrado posteriormente Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile-, no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, sostuvo la Cámara.
“Esto, sin perjuicio del uso de expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de uno u otros partidos políticos, y de ciertas reprobables acciones de índole ofensiva, como la provocación de daños o el proferir insultos y frases amenazantes, que tendrían su debida respuesta penal en cada caso”, dice el fallo firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
En minoría, el camarista Mariano Llorens dijo que las manifestaciones de Morel y sus compañeros estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían castigarse penalmente.
