El tribunal pidió avanzar hacia el debate oral para determinar las responsabilidades de los presuntos coautores materiales del intento de asesinato.
La Cámara Federal pidió este miércoles que se eleve a juicio oral y público la causa contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido hace seis meses en el barrio de Recoleta.
Los tres están acusados de ser los coautores del ataque. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, el presunto líder de Los Copitos, e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.
Los jueces Bertuzzi y Bruglia consideraron que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
“Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”, opinó en su voto Llorens.
«He dicho en otras oportunidades que una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo optimo», añadió el magistrado.
Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la Vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.
De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a «riesgos procesales» como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.
La Vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes hicieron la pata financiera.
Es que hay un testimonio aportado por un legislador del Frente de Todos que dice haber escuchado días antes del atentado al diputado de Cambiemos Gerardo Milman, hablar con dos asesoras donde hacía referencia a lo que iba a suceder y que para cuando eso ocurra, él no iba a estar en Buenos Aires.
También apunta al financiamiento y en ese sentido reclama la Vicepresidenta que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el Presidente.
En ésta causa, en manos de otro jueza, la Vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.
