Al filo del plazo legal que le había impuesto el juez Casanello, la ministra de Capital Humano afirmó en un escrito que trabaja en un «convenio de cooperación» con las provincias, que recién podría firmarse a partir del 28 de junio.
Sobre el límite de los plazos legales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entregó este lunes al juez federal Sebastián Casanello una declaración de intención para la distribución de los alimentos acaparados por su cartera en los depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
Lejos de presentar un “cronograma de distribución” –como reclamó Casanello y ratificó la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones–, Pettovello describe en su presentación ante la Justicia que celebrará un “convenio de cooperación” con los ministerios de Acción Social de las provincias: “Una vez vencido el plazo otorgado a las provincias para la adhesión (24 al 28 del corriente) y en el transcurso de la semana siguiente, pondremos en conocimiento de V.S. las jurisdicciones que manifestaron su voluntad de distribuir alimentos y los porcentajes que les corresponden del stock total”, sostiene el escrito.
Mientras la ministra continúa retrasando la entrega de alimentos en un contexto social por demás complejo, insiste en el escrito presentado ante el Juez que los alimentos fueron comprados y “no distribuidos” por el Gobierno anterior, que los mismos estaban destinados a situaciones de catástrofe, que su ministerio tiene la potestad constitucional para definir su distribución y hasta transcribe un informe del FMI que destaca los “esfuerzos” del Gobierno para “proteger a los más vulnerables”.
Pero mas allá de las excusas, hasta ahora Pettovello sólo mostró en su presentación ante la Justicia una intención de repartir los alimentos retenidos por su ministerio y no un “cronograma” ni criterios para su distribución. Una medida que solicitó Casanello ante el amparo presentado por el dirigente social Juan Grabois para el reparto de la mercadería ratificada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que de manera unánime dispusieron un plazo para cumplir con esta exigencia frente a la apelación del propio ministerio.
