Las calles de San Salvador de Jujuy, en las zonas cercanas a la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno, amanecieron valladas y custodiadas por un megaoperativo policial ante las protestas que sacuden el territorio provincial. Las autoridades juraron este martes por la nueva constitución jujeña impulsada por el gobernador Gerardo Morales, eje de la controversia y de las movilizaciones de los últimos cuatro días. (Télam)
Tras el acto institucional, la Policía reprimió a la multitud y se desencadenó una batalla campal en los alrededores, con piedrazos y enfrentamientos. Los manifestantes irrumpieron quebraron la seguridad provincial y llegaron a entrar al edificio gubernamental.
La Carta Magna local llega mutilada a los actos protocolares, después de su aprobación el pasado 15 de junio. Los cortes de rutas y el malestar de la población forzaron a Morales a dar marcha atrás y hacerle cambios al texto original. Ayer, el gobernador anunció la quita de los artículos 50 y 36 por las “dudas” que provocaron en los pueblos originarios los puntos que hacen referencia a la posesión de las tierras con recursos naturales como el litio y otros minerales preciosos.
“Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, sostuvo Gerardo Morales, al aclarar que hubo conversaciones con al menos 156 comunidades para consensuar los puntos controversiales, pero que existen al menos 300 grupos en la provincia.
Tras semanas previas con paros docentes por su conflicto de reclamo salarial, y protestas en distintos puntos de la provincia con la consigna de “arriba los salarios, abajo la reforma”, las comunidades aborígenes tomaron protagonismo este fin de semana con piquetes en las rutas provinciales y nacionales. La Policía de Jujuy reprimió la manifestaciones con dureza, dejando al menos 27 detenidos y decenas de heridos, siendo el de mayor gravedad el de Mijael Lamas (17), un joven jujeño que fue alcanzado por una bala de goma que le hizo perder su ojo derecho. El mayor foco de tensión de los enfrentamientos fue la turística localidad de Purmamarca, en el marco de consignas
Pese a las últimas concesiones de Morales y su llamado al diálogo a los pueblos originarios, las protestas permanecían esta mañana a la orden, y lo mismo la vocación del mandatario de avanzar con la implementación de la reforma y el artículo 67 que genera mayores resistencias: el de la prohibición y penalización de los cortes de ruta y calles. “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”, remarcó el funcionario y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio por la UCR. El clima incertidumbre y tensión seguía latente en la víspera de la jura, que finalmente se produjo hacia las 11.30.
Mientras la atención se dirige al ejido urbano capitalino, en el interior jujeño los focos de protesta persistían. Según precisaron fuentes provinciales de Vialidad a Infobae, al menos nueve cortes con manifestaciones contra la política del gobierno jujeño continuaban este martes:
– Corte total en la intersección de la ruta provincial 61 y 53 a la altura del ingreso a Aguas Calientes. Se habilita el paso cada 15 minutos
– Dos cortes totales en la ruta nacional (RN) 34 en el tramo del puente San Lorenzo- Libertador General San Martín, y en el km 1265 a la altura de la localidad de Caimancito.
– Corte total en la ruta provincial 11 y RN 52 a la altura acceso a la localidad de Barrancas; con habilitación del paso cada 15 minutos.
– Corte intermitente en RN 52 a la altura acceso a la localidad de Susques, con habilitación de paso cada 4 horas por 15 minutos.
-Dos cortes totales permanentes en la ruta nacional 9 en acceso sur, a la ciudad de Abra Pampa, y en el acceso a La Quiaca, y un corte parcial -con modalidad de paso cada 15 minutos- en el paraje San Roque.
– En el acceso a Purmamarca, hay un corte total con modalidad de paso cada 2 horas -por un lapso de 30 minutos- en la RN 9 y RN 52.
El conflicto en Jujuy escaló al plano nacional, abandonando su impronta local. Funcionarios del gabinete del gobierno de Alberto Fernández repudiaron la represión, provocando posicionamientos también de la oposición en una defensa abroquelada hacia Morales. A Jujuy viajó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, para denunciar los casos de represión, exigir la liberación de los detenidos (en las últimas horas se liberó la mayoría, solo 5 quedaron apresados por antecedentes) y establecer un canal de diálogo con el gobernador. “Si la posición de las autoridades políticas es radicalizar esa posición, esto puede terminar mal”, advirtió Pietragalla, quien presentó un habeas corpus colectivo y preventivo. También intervino con un repudio el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, desde su cuenta personal de Twitter.
El gobernador Morales culpó al gobierno nacional por incentivar y “financiar” las protestas. Y aclaró que solicitó al Poder Ejecutivo y a la Justicia Federal para que se garantice el orden en las rutas nacionales, ya que se está cometiendo un delito “en flagrancia” en el ámbito de la jurisdicción federal. “Miran para el costado”, fustigó.
En la Ciudad de Buenos Aires también hay anunciadas medidas de fuerza y convocatorias ante las protestas en Jujuy.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional y una movilización a la Casa de la provincia de Jujuy, que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos, en repudio a la represión y en apoyo a los reclamos de los docentes jujeños, que desde el domingo sostienen una olla popular en el acceso sur de la capital provincial. Los maestros esperan una nueva convocatoria de discusión salarial de parte del gobernador, mientras mantienen un paro por tiempo indeterminado y escuelas cerradas.
Hoy, además, habrá otra movilización al mediodía en el Obelisco impulsada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), que nuclea a organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.
Tanto de la mirada de Juntos por el Cambio, como desde la percepción de los dirigentes de “Unión por la Patria”, consideran que en Jujuy se está gestando lo que viene, ante un posible recambio de gobierno en diciembre de 2023. Para Gerardo Morales, es la forma en la que el kirchnerismo y la izquierda “van a generar violencia” cuando regrese a la oposición, mientras que en el oficialismo observan que las “medidas de ajuste” se van a aplicar con represión y mayores restricciones a los derechos sociales. Ambos sectores hablan de “un laboratorio” o “ensayos” ante los futuros resultados electorales.
