Tal como se preveía, el gobierno nacional presentó las audiencias públicas referidas a los distintos corredores viales, para explicar lo que hará, pero sin prestar la mínima atención a lo que se suponía, serían las propuestas de los interesados.
Por: Redacción Semanario de Junín
En las audiencias públicas desarrolladas como paso previo hacia nuevas concesiones, la Dirección Nacional de Vialidad aseveró que obligará a los operadores privados a mantener las tarifas vigentes “desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura”.
Tal como se preveía, el gobierno nacional presentó las audiencias públicas referidas a los distintos corredores viales, para explicar lo que hará, pero sin prestar la mínima atención a lo que se suponía, serían las propuestas de los interesados.
Las realizadas en torno a lo que importa para el distrito, referidas a las rutas nacionales 7 y 188, sólo dejaron desazón para quienes creían que se trataba de algo distinto a lo acontecido en los años ’90, cuando con el cuentito del desarrollo, no se controlaron ni se hicieron cumplir los pliegos de concesiones y no se eliminaron, sino que crecieron los impuestos destinados a las carreteras, mientras las empresas de peaje se encargaban de cobrar al usuario de modo ilegal.
Ya el exintendente Abel Miguel no pudo con el avance menemista y tampoco hubo un interés supremo de la comunidad, que terminó aceptando dos cabinas de peaje en el distrito como las ubicadas en Saforcada y Agustín Roca.
Ello ocurrió a sabiendas de que la Constitución Nacional es muy clara al respecto debido a que el artículo 14 de la Carta Magna, lo determina no solo para las carreteras, sino que incluso para las calles del país.
Por eso resulta un contrasentido que este gobierno ponga el sello en combatir las manifestaciones callejeras por “el derecho a transitar” y se haga el desentendido y además aliente los peajes a lo largo y ancho del territorio, lo cuales son una barrera al paso de los ciudadanos, quienes se ven obligados a pagar un impuesto de doble o triple imposición, cuando siquiera hay caminos alternativos válidos para tomar, tal como se imponía incluso en las viejas licitaciones y luego se cambió.
Desde SEMANARIO había adelantado el ingeniero Ricardo Lasca que “las audiencias públicas son realmente una burla, un simple formalismo, una falta de respeto a los usuarios y a los participantes”. El especialista en temas viales había advertido que se trataba de un fisco y que “sólo nos dan cinco minutos para exponer un tema tan importante”.
UN TEMA RECURRENTE
Sin embargo, este tema no es para nada novedoso, sino que se fue naturalizando a lo largo del tiempo y borrado de la agenda de todos los gobiernos.
Sin embargo, hubo un proyecto de ley por el cual se intentó recuperar los derechos avasallados en torno al tránsito, el cual ha estado bajo el paraguas no sólo de los funcionarios de turno, sino también por parte de los legisladores y los jueces, un combo de difícil disolución a favor de los sectores del poder y en desmedro de las mayorías de la población.
Y cuando creíamos que no podía ser peor, una vez más nos damos la cara contra la pared ya que una de las medidas que se pretenden con la nueva privatización es otorgar la facultad a los privados para que dispongan de más cabinas de peaje y que los precios suban de una forma indiscriminada. Todo ello a cambio de poco, un mantenimiento básico de las carreteras, sin obras nueves ni la finalización de las que estaban a punto de culminar, como la variante Chacabuco en la ruta 7, antes de la peligrosa curva de Coliqueo y que finaliza en otro lugar conflictivo para los accidentes como la “curva del sol”.
Quiere decir que los peajes que tendrán un valor de entre 5 y 10 mil pesos para los vehículos podrían multiplicarse hasta por cuatro. Y aún así siguen siendo ilegales.
EJEMPLO CONCRETO
En julio de 2013, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Comi, presentó un proyecto de ley por el cual manifestaba en el artículo 1 que: “el ejercicio del derecho constitucional de libre tránsito que proclama el artículo 14° de la Constitución Nacional rige sin excepción para calles, rutas, autopistas y cualquier clase de vía de comunicación en todo el territorio de la Nación”.
El segundo de los artículos indicaba que “A partir de la promulgación de la presente Ley, no podrá impedirse el tránsito por rutas, autopistas, calles y vías de cualquier índole por el único motivo de falta de pago del peaje en cualquiera de sus tramos”.
Incluso solicitaba el legislador que el concesionario vial que violare estos artículos “será pasible de una multa de hasta 5.000 veces el importe del peaje destinada al Fondo Nacional de Vialidad Nacional o cuenta similar con los mismos fines”.
Pero lo más interesante estaba en los fundamentos de los legisladores de la Coalición Cívica a los que se sumaron aportes y contribuciones del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) a través de su coordinador, el ingeniero Lasca.
