Intendentes del peronismo pero también del radicalismo lo dejan claro cada vez que pueden: el gobierno nacional puso en marcha un modelo que por ahora solo derrama ajuste en los municipios, pero sin malla de contención. Las 140 obras públicas nacionales congeladas en el territorio bastarían por sí solas para encender las alarmas, pero el verdadero temor, por estas horas, hunde sus raíces en la situación social.
“Los medicamentos aumentan entre 300 y 900 por ciento, son producto de empresas oligopólicas y el Estado no tiene nada para decir”: la queja la formuló ante DIB Walter Wischnivetzky, el nuevo intendente de Mar Chiquita. Es un peronista, afín a Axel Kicillof. Pero algo parecido dijeron Maximiliano Suescún, de Rauch y Estaban Reino, de Balcarce: ambos pertenecen al radicalismo. Todos están preocupados porque gestionan hospitales municipales, muchas veces los únicos efectores de salud de sus comunas, que podría no poder reabastecer cuando tengan que volver a comprar medicamentos.
La situación que está creando el aumento de medicamentos en los hospitales municipales ya fue objeto de análisis por parte del gobernador Kicillof en una reunión con intendentes opositores y se habló en un mano a mano entre Nicolás Kreplak y la flamante intendenta de Pellegrini. Sofía Gambier. La alcaldesa reeditó una antigua norma municipal para que las obras sociales y prepagas paguen los servicios del hospital municipal que reciben sus afiliados, pero se comprometió a no volver a hacerlo el año que viene. El temor es que Nación aproveche para recortar aún más la asistencia.
En el capítulo obras el ajuste también se hace sentir. El listado de 140 obras que maneja el ministerio de Obras Públicas provincial comprende solo a las de mayor costo, según reveló la periodista Macarena Ramírez en Letra P. Hay de todo: rutas, trabajos hidráulicos, centros de salud. Y a eso hay que sumar otras 247 más, de gestión cooperativa, que tampoco registran avances desde diciembre.
Con un recorte del 11% en la totalidad de las transferencias Nación-Provincias para enero, que DIB adelantó el sábado y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) confirmó el miércoles. Buenos Aires bate el récord: algo más de 13% de poda que contrastan con el benévolo (en este contexto) 8% que le tocó a Jorge Macri. Fondos como el Educativo, vitales para las comunas, no se movieron este año.
Los intendentes saben que, como en un efecto dominó, a ellos también les llega la sequía. Lo que más preocupa, ahora, es la cuestión alimentaria. Nelson Sombra, de Azul –un municipio de la zona núcleo, bien alejado de los bolsones de pobreza del Conurbano- dio una señal de alarma en diálogo con DIB. Entre sus vecinos comienza a haber hambre. Y ni él ni ningún otro alcalde está recibiendo ayuda alimentaria nacional.
En ese contexto, la UTEP, pata sindical de los movimientos sociales, le pidió ayer a la ministra de Capital Humano, Sandrq Petovello, agilar las entregas. Las funcionaria dijo que atenderá a cada persona que tenga hambre, por separado. Un esquema pre 2001, ahora presentado como nuevo, Hasta pidió números de DNI. Kicillof movió rápido: conversa con el Movimiento Evita para que aumente su presencia institucional en el gobierno provincial. Sería en el ministerio de Producción, que comanda Augusto Costa. Ya algo tiene en Desarrollo de la Comunidad, del “Cuervo” Larroque. La idea es llegar mejor organizados a marzo, un mes en que las tensiones podrían agudizarse. (DIB) AL Por Andrés Lavaselli
