El Ministerio de Capital Humano manejado por Sandra Pettovello resolvió la eliminación de 11 programas de asistencia social y desarrollo productivo que estaban bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social. La decisión del Gobierno nacional forma parte del proceso de reestructuración estatal y de subsidios impulsado por la Ley N.° 27.742.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 206/2025, menciona una serie de resoluciones y decretos previos que estructuraban planes de economía social, inclusión laboral y apoyo a sectores vulnerables. La resolución justifica la eliminación de estos programas en el marco de la emergencia pública y con el objetivo de «optimizar recursos y evitar la superposición de programas similares».
Entre los planes eliminados se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social «Manos a la Obra», el Programa Nacional de Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales «Argentina Recicla«, el Programa Nacional «Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social«, y el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER), entre otros. Estos programas estaban dirigidos a fortalecer sectores de la economía social, el emprendedurismo y el reciclado, beneficiando principalmente a trabajadores informales y cooperativas.
Más control del Estado sobre los comedores
El Gobierno sostiene que la eliminación de estos programas no significa un abandono total de la asistencia, sino una reorganización de las ayudas estatales bajo un nuevo esquema de control y eficiencia. En este sentido, el Ministerio de Capital Humano informó que se fortalecerá el Programa Alimentar Comunidad, el cual asiste a comedores y merenderos en todo el país, incorporando mayores controles, procesos digitales y un registro nominal de beneficiarios.
Una de las novedades de esta reforma es la implementación de visitas virtuales para monitorear el funcionamiento de los comedores comunitarios y la creación de plataformas digitales de rendición de cuentas. Según el Gobierno, esto permitirá una gestión más ordenada y transparente, asegurando que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.
Desde la oposición, cuestionaron la medida señalando que la eliminación de estos programas responde más a un ajuste fiscal que a una verdadera reorganización de la asistencia social. Legisladores de distintos espacios adelantaron que pedirán informes sobre el impacto de esta decisión y alertaron sobre un posible aumento del desempleo y la informalidad en los sectores más vulnerables.
Con esta resolución, el Gobierno reafirma su intención de reducir el rol del Estado en la economía social, alineándose con la visión de mercado del oficialismo. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con los sectores afectados, quienes ya anticipan movilizaciones y reclamos en rechazo a la decisión del Ministerio de Capital Humano.
