A partir del 1 de febrero regresan y se aguarda reunión presencial para fijar posición frente al Congreso y sobre la agenda de fallos por venir. No utilizan teléfonos. Desdén por chats “ilegales” y foco en Coparticipación. Clave la acusación por Obra Social. Comienza la batalla de los “tecnicismos”.
Por Gabriel Morini
La mayoría de la Corte Suprema resolvió que recién cuando se vean “cara a cara” los ministros comenzarán a definir una estrategia común tanto para enfrentar el juicio político que se comenzó a debatir en el Congreso, la semana pasada, como el futuro de las causas judiciales sensibles que están bajo su control. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda redujeron al mínimo los contactos telefónicos durante el fin de año y la feria de enero. Perciben inseguro el uso de celulares en momentos en que son blanco de la ira del oficialismo y en el contexto del hackeo de mensajería instantánea que desató parte del escándalo. Por eso, convinieron en que una vez que estén frente a frente y a solas comiencen a trazar la hoja de ruta sobre la postura que tomará el máximo Tribunal frente a lo que discuta la comisión de Juicio Político y sobre las eventuales citaciones que se cursen para que comparezcan los propios jueces y sus colaboradores. El 1 de febrero -momento en el que habrá culminado la feria de enero- todos deberían regresar a sus despachos en el cuarto piso de Talcahuano 550. A partir de ese entonces, se podría dar el encuentro “tete a tete” que, obviamente, incluye a Ricardo Lorenzetti, con quien suelen mantener mayor distancia.
No serán pocas las cuestiones a poner en común pero parten de la base que ya existe un fallo judicial que apunta a que las presuntas conversaciones atribuidas al Telegram del ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro fueron obtenidos a través de una operación de inteligencia ilegal. Eso lo puso por escrito el juez federal Sebastián Ramos, a partir de esa decisión que sorprendió por su velocidad y dureza pero también por el emisor. El bajo perfil del magistrado descolocó el reflejo del oficialismo de vincularlo con las prácticas del denominado “lawfare”. Ramos no estaba en el radar. Se convirtió en un cisne negro en plena feria.
La cuestión de la utilización de elementos provenientes de la inteligencia ilegal, más naturalizada para la política, toco una fibra insospechadamente íntima para el Poder Judicial, cuyas consecuencias todavía no pueden ser mensuradas. Operó lo que en el psicoanálisis se define como “proyección”. En lugar de abrir una brecha entre la Corte y las Cámaras y tribunales inferiores que se despegaran de lo que en los chats se insinuaba tuvo un efecto abroquelador que se tradujo en llamados telefónicos (casi nada por escrito) que dejaba traslucir que se traspasó un límite infranqueable. Comenzó a no importar lo que se dijese en los chats ni tampoco quién había sido el responsable de llevar adelante la operación para capturarlos. Empezó a tener mayor relevancia quién lo utilizaba para beneficiarse.
Muestra de ello fue el dique que se abrió con el comunicado de la Lista Bordó que preside la Asociación de Magistrados cuestionando el juicio político. Para entendidos, hicieron una mordaz mención como “abogado” para referirse al Presidente de la Nación Alberto Fernández. Esa mención que no hacía falta y habitualmente se sustituye con el título de “Dr.” buscó exhibir un grado de desprecio que repiten en privado. Esta actitud no es privativa del sector judicial más refractario al peronismo. Integrantes de la Lista Celeste, mucho más afín, se despacharon, siempre en reserva, reflexiones similares respecto a la utilización de ese tipo de pruebas para iniciar un proceso político o penal.
Los integrantes de la Corte deben definir no solo cuál será su estrategia sino a quiénes habilita o no a concurrir a la convocatoria que desplegarán los diputados del oficialismo, pero además -e íntimamente relacionado- como encaran su agenda de casos y resuelve los que quedaron pendientes de 2022 como la integración del Consejo de la Magistratura y la Coparticipación. Éste último, es el expediente que el oficialismo, la oposición y el poder leyeron al vuelo: fue el disparador que adelantó la carrera presidencial 2023 y por el que Horacio Rodríguez Larreta recibió un espaldarazo. A la luz de los resultados, el alcalde porteño dilapidó rápido la fortaleza que le pudo haber dado el fallo entregando velozmente a D’Alessandro. Su interna es mucho más poderosa que el fuego a discreción al que lo sometió el kirchnerismo.
En el cuarto piso, comenzó a sacarse la hojarasca para detectar el núcleo de la acusación de juicio político. Si bien siempre se esgrime como argumento para impugnarlo que no debe haber un juicio respecto al contenido de los fallos, esto siempre tiene matices. Máxime cuando pueden haber quedado comprometidas sus motivaciones o sus consecuencias y eso integra el plexo de motivos clasificable en mal desempeño. Para analizar el caso en particular, la mayoría de las causas tienen sentencia firme, pero el de Coparticipación se encuentra en pleno trámite. Técnicamente, incluirlo puede significar pretender condicionar el fallo de fondo. Atención a ese dato que un sector de la oposición amaga con judicializar. El caso “Muiña” como ya se mencionó en estas líneas ofrece un contrasentido. ¿Se juzga haberlo dictado o haber retrotraído sus efectos en un caso distinto después de que el Congreso (por unanimidad) resolvió cambiar una ley a partir de esa sentencia? Las mayorías y los votos cambiaron en ambos casos. Los chats están impugnados con un fallo en contra. La Obra Social puede convertirse en una Caja de Pandora. Sin embargo, no en la superficie. Maqueda no está mencionado en el expediente que lleva adelante el juez Ariel Lijo. Existe una auditoría que hizo la propia Corte que abarca el período entre 2008 y 2021. Administrativamente, hasta 2018, en lo documental todo estaba delegado por acordada en la presidencia. Ese filón es el que creyó encontrar Elisa Carrió y por el que envió a percutir -como siempre- sobre Lorenzetti. Pero a su vez, eso también limita: si se pretende, por ejemplo, convocar al Administrador General de la Corte Héctor Marchi no pasará desapercibido que demandó judicialmente a varios “lilitos” en un expediente que lleva ganado en varias instancias por las acusaciones que le dirigieron en particular. ¿Podría ser un argumento técnico para no verse obligado a comparecer? En la lista de testigos que propuso el oficialismo enumera al exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni. ¿Puede testificar si formó parte de la integración que está incluida en algún tramo de la auditoría sobre la obra social? Como se ve, todos tecnicismos que ahora empiezan a pesar. Ese es el dato saliente luego del primer impacto del juicio político y todo el despliegue de fuerzas que hizo el Gobierno.
Los detalles no deberían pasar desapercibidos en el planteo de ambas estrategias. El Gobierno y aliados embistieron a fondo cuando salió a la luz el caso Lago Escondido y buscaron exponer a los jueces participantes de un viaje al sur por el que los acusaron de posibles dádivas. Repartieron gráficamente las fotos de los jueces pasa sacarlos del anonimato frente a la opinión pública. El problema es que -por no conocerlo- confundieron a Pablo Cayssials. Difundieron -en comunicaciones oficiales y con medios afines- hasta el hartazgo la imagen de otra persona asociándolo al magistrado contencioso administrativo. Jamás se percataron que no era el aludido. Cayssials, feliz.
